Intervención considera que se debe seguir advirtiendo tal extremo y  ha dejado constancia de que “el Ayuntamiento debe realizar esfuerzos para reducir al máximo este tipo de prácticas, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades en que pudieran incurrir los responsables políticos”. 

Pese a los reparos de Intervención, y al no ser vinculante su informe, el pago fue aprobado recientemente en pleno, gracias a la mayoría absoluta del grupo socialista en el Ayuntamiento, liderado por el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, aunque criticado y desaprobado por los nacionalistas (CC), al frente de Oliver Tacoronte, que votaron en contra de la medida adoptada, al entender que “se van a pagar 13 facturas con expedientes irregulares, al haber vencido los contratos y continuar realizándose los trabajos sin crédito suficiente”.

Tacoronte ha querido  aclarar que en algunos casos, “el Ayuntamiento ha contratado de forma verbal los trabajos sin la existencia de crédito, y, en otros, sin contrato por haber realizado el anterior sin posibilidad de prórroga”, lo cual, a su juicio “supone una irregularidad”. Como ejemplo resalta que, “desde agosto de 2017, se prestan sin contrato los servicios de seguridad y vigilancia, pero, resulta, que los servicios que se prestaron con anterioridad, en esa misma materia, también fueron contratados irregularmente”.