PP  y CC votaron en contra  al considerar que la creación de una empresa pública, de carácter municipal, supone un “riesgo económico” para las arcas municipales, tal como ha quedado demostrado con anteriores iniciativas similares, según los responsables de la oposición.

Para el socialista Manuel Luis Méndez, la puesta en marcha de esta empresa pretende ser un instrumento para facilitar la inserción laboral de sectores de la población vulnerables que conforman un paro estructural en el municipio en torno a las 2.000 personas. Cifra, según el responsable de Desarrollo Económico, que podría verse notablemente reducida con la rotación de las personas contratadas por un período máximo de tres años, tal como establece la ley. 

Los recursos económicos de Davía para hacer frente a la inserción laboral de las personas contratadas saldrían de la explotación directa de los aparcamientos subterráneos que en estos momentos construye el ayuntamiento. En torno a unas 900 plazas se pondrán a disposición de los usuarios,  a medio plazo, según comentó el edil, durante la exposición de sus argumentos en el pleno, en defensa de su iniciativa.

El objeto social de la sociedad mercantil está representado por la gestión directa de servicios públicos de titularidad del Ayuntamiento de Adeje y por la prestación de servicios mediante la contratación in house  para la satisfacción de necesidades de la entidad local.

La empresa municipal deberá estar compuesta por un 70% de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 % o ser pensionista de la Seguridad Social. El objetivo es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo  productivo y remunerado, adecuado a sus características personales, según se recoge en la memoria del proyecto.

Puestos reales de trabajo

Los argumentos esgrimidos por Méndez no sirvieron para convencer a la oposición. El portavoz del PP, Andrés Montiel, argumentó su voto en contra en base a que no se sabe cuántos puestos de trabajo  se van a crear a través de esta empresa, por lo que, a su entender, hablar de una reducción importante del paro estructural en el municipio, sin saber cuántas personas van a tener trabajo en la nueva entidad, es un tanto arriesgado. Además se manifestó abiertamente en contra de la creación de empresas públicas,  con carácter municipal, dado su fracaso económico. Sí se mostró partidario de ayudar a los colectivos más vulnerables pero a través de otros recursos.

Una gasto innecesario

Por su parte, el portavoz de CC, Óliver Tacoronte, dijo que su grupo no ve  claro que con la contratación de personas para la explotación de un parking , en este caso el de  Casa Fuerte, que aún no se ha abierto al público, así como el que está en construcción en Los Olivos, la empresa sea capaz de cumplir con la inserción laboral pretendida para combatir ese paro estructural. CC  duda, además, de la rentabilidad económica de la explotación de los aparcamientos,  ya que si en dos años consecutivos no se obtienen beneficios, la empresa se tendría que disolver.

Por otra parte, Tacoronte recordó que el informe del interventor resalta que el ayuntamiento podría explotar directamente o a través de una gestión indirecta los aparcamientos obteniendo así beneficios de explotación, mientras que  con la creación de esta empresa “se generará un mayor gasto al ayuntamiento”.

Finalmente, CC  indicó que está totalmente de acuerdo con el objetivo principal de esta empresa, pero no con la aplicación del objeto social en más prestaciones de servicios, ya que la nueva empresa  “dará lugar a que sea un ayuntamiento paralelo para hacer y deshacer y no pensar en las personas y en su desarrollo socio-laboral; sino en otros fines que beneficien al grupo de gobierno socialista de cara a fechas venideras”. 

Por lo tanto,  concluyó estar de acuerdo con el objetivo principal que se persigue, pero “no con las formas ,  no con los procedimientos y no con la ampliación del objeto social”.