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jueves, 28 de marzo de 2024 13:22h.

La alcaldesa de Arico tilda de populistas a SSP e insiste en la necesidad de que el Cabildo ordene de una vez por todas los parques eólicos

La alcaldesa de Arico, Elena Fuero (CC) tilda de populistas a Si Se Puede (SSP) y niega la autoría exclusiva de este partido en lo que se refiere a la incidencia de la presión vecinal para conseguir la paralización de un parque eólico por su proximidad al núcleo poblacional La Morra, gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

 

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ELTSJC anula la construcción del parque de La Morra

Para Fuero es un engaño que SSP se apunte la autoría de paralizar la puesta en marcha de la citada instalación y recuerda que fue ella la que “decretó” el inicio de las acciones judiciales por la cercanía a la población, lo que dio lugar a que el Juzgado se pronunciara mencionando un error en la tramitación. 

La alcaldesa de Arico insiste en que el municipio seguirá presentando lagunas legales en ese sentido, hasta que el Cabildo de Tenerife desarrolle de una vez por todas el plan territorial de ordenación de parque eólicos; asunto sobre el que asegura que es una competencia directa del Cabildo, a  pesar de que el responsable insular de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, insista en lo contrario. Fuero lleva tiempo reclamando que el Cabido cumpla con la Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y de Los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Debido a que CC no tiene mayoría en el Ayuntamiento de Arico a pesar de conservar la alcaldía, la propuesta de SSP salió adelante en su momento y fue la propia corporación local la que recurrió para que se declarase nula la decisión gubernamental que concedía a Alas Capital y Gen SA autorización para la modificación de la instalación eólica de generación eléctrica, denominada Parque Eólico La Morra, en el término municipal de Arico (expediente ER-10/0133)”, tal y como se refleja en la sentencia.

Al respecto, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena en costas al Gobierno de Canarias, por haber autorizado la instalación y radica en que el Ejecutivo regional omitió una consulta previa al Ayuntamiento que estaba obligado a realizar.

Para el tribunal, no hay dudas: “El precepto es claro al establecer que en caso de modificación de las instalaciones a que se refiere el apartado 1 [artículo 6-bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario], es decir, instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica, el proyecto deberá ser remitido al ayuntamiento por el órgano competente para su autorización y también al Cabildo Insular correspondiente para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o disconformidad de tales proyectos con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor”.

Aunque el Gobierno alegó que la modificación en cuestión solo era una mejora ambiental, el TSJC aprecia “una causa de nulidad de pleno derecho por omisión de un trámite esencial”. Contra la sentencia dictada cabe recurso de casación. 

Cabe recordar también que en el último pleno de la corporación municipal, se  aprobó por unanimidad la moción presentada por la alcaldesa Elena Fuero para instar al consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez la elaboración del Plan Territorial de Energías Renovables de la isla dentro del marco de sus competencias según la Ley 4/2017 del suelo y de los espacios protegidos de Canarias.

El acuerdo plenario insta a la corporación insular a atender los artículos en los que se recoge la competencia insular, como es el caso de implantación de energías renovable en base al PIOT, como ocurre por ejemplo en Fuerteventura donde cuentan con un plan territorial que ordena los parques eólicos.

La alcaldesa de Arico recuerda que debido a que no hay un plan territorial todos los parques eólicos en Arico se están instalando a través de los planes estratégicos del Gobierno de Canarias y así señala, por ejemplo, que se da la circunstancia que “el caserío de Icor está declarado por el Cabildo de Bien de Interés Cultural (BIC) y ni el área de Patrimonio, que lleva la socialista Josefa Mesa ni Política Territorial, del también socialista Miguel Ángel Pérez, han evitado la implantación tan cerca de aerogeneradores para proteger el BIC”.