Los afectados recuerdan que el ayuntamiento se comprometió hace dos años con el colectivo a solicitar un Plan Especial de Telecomunicaciones con el fin de regular la implantación de antenas de telefonía y garantizar la confluencia entre cobertura y derecho a la salud de los vecinos. Por el momento manifiestan que el trabajo aún no se ha dado a conocer.

En una la primera fase del trabajo debía llevarse a cabo un inventario de emplazamientos con sus respectivas fichas técnicas, ya que el grupo de gobierno actual no ha autorizado ninguna instalación y al parecer “constan más de las registradas en Industria”, según han informado a Sol del Sur fuentes de la plataforma.

La empresa especializada Egacan se comprometió a realizar este trabajo en un periodo de ejecución de nueve meses, pero hasta la fecha la plataforma manifiesta que el ayuntamiento aún no lo ha presentado.

El estudio de campo permitirá al consistorio conocer la realidad y generar un marco jurídico con el que regular en el municipio la implantación de estos dispositivos.

“Este plan pretende también cotejar la información de registros facilitada por la Dirección General de Industria, la aportada por la plataforma y la que emane del propio informe de Egacan, tras una revisión física por todo el municipio”, según han informado los representantes de la plataforma de afectados.

El siguiente paso será elaborar una ficha específica de cada una de estas instalaciones, con los parámetros técnicos, urbanísticos y las mediciones de emisión electromagnéticas.

La segunda fase consistirá en la identificación de puntos sensibles, aquellos en los que la Organización Mundial de la Salud considera que no es aconsejable la instalación de estas estructuras como colegios, centros médicos o deportivos.

En última instancia, el ayuntamiento redactará una ordenanza municipal de telecomunicaciones lo más consensuada posible, trabajo que sigue a la espera de los resultados del estudio inicial.