Con ello, el Ayuntamiento de Arona ha recuperado de nuevo las competencias urbanísticas, a través del planeamiento municipal y después de la petición al Cabildo por parte de todos los grupos del gobierno local, que entendían que no tenía sentido que la OSE se incluyera en el PIOT,  puesto que el Plan Territorial del Cabildo para su desarrollo había sido suspendido,  después de haberse presentado en su momento cerca de 6.000 alegaciones, por parte de los afectados, que incluso llegaron hasta al parlamento europeo.

La noticia reciente, de la que también se ha hecho eco este periódico, suscita una serie de interrogantes en relación a las competencias urbanísticas que en un futuro pudieran regir en ese suelo, por el momento, en manos del Cabildo, y que, también  por el momento,  es rústico y de protección, en función de lo establecido en el Plan General de 1992, al haber sido declarado nulo por sentencia judicial el posterior.

El concejal de Ciudadanos por Arona, en el Ayuntamiento, José Antonio Reverón, entiende que ese suelo en particular, propiedad del Cabildo,   al igual que el resto que estaba afectado por la OSE y recogido en el PIOT, ha de regirse por las competencias urbanísticas municipales. Por su parte el responsable de Política Territorial del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, no ha podido responder por el momento a esa cuestión.

El Oeste del Sur

Como se recordará, el desarrollo a principios del milenio de lo que se dio en llamar la gran ciudad de Cabo Blanco, con capacidad para 100.000 personas, se justificaba en la pretensión de dar acogida a las intensas necesidades de crecimiento residencial que se estaba produciendo en la zona, antes de la crisis económica de 2008, de forma ordenada y con visión de conjunto. Para ello se proponía estructurar el entorno de Cabo Blanco y Buzanada para configurar un núcleo capaz de insertar ordenadamente las demandas residenciales.

Ese entorno debía convertirse en centro de servicios y actividad urbana de las comarcas de Abona y del Suroeste. Pero desde el principio se alzaron voces críticas que veían en el proyecto una gran especulación del suelo y la creación de una gran ciudad dormitorio completamente despersonalizada y masificada. 

Páginas y páginas de periódicos se llenaron a principios del nuevo siglo XXI escribiendo sobre la gran ciudad del Sur que orquestaban los nacionalistas desplegados en el Cabildo y repartidos por los ayuntamientos sureños, entre ellos el de Arona. Se hablaba de la gran ciudad de Cabo Blanco como si del Oeste americano se tratara. 

Granadilla de Abona, al frente del alcalde socialista; Jaime González Cejas, la quería y la deseaba para su destartalado barrio de San Isidro, que debía de dar acogida a la mano de obra que brindaría al municipio el recién inaugurado y controvertido puerto industrial. Pero el Cabildo no era de su mismo signo político.

En Arona, los socialistas locales, al frente de Francisco García Santamaría; y en la oposición municipal,  la detestaban y Coalición Canaria (CC), comandada por el alcalde Miguel Delgado, la ensalzaban. Por su parte, el Centro Canario Reformista (CCR), dirigido por Mario Spreáfico, insistía en la negativa de crear esa nueva ciudad, a la que se bautizó también como “ciudad del futuro”, aunque con el tiempo se ha quedado en “ciudad de la nada”.

Pero antes de llegar a este punto y final de la ciudad de la nada, el Cabildo constituyó la nueva sociedad urbanística –hoy disuelta- para la reestructuración de la zona en cuestión. Eran años en los que el dinero fluía, y lo hizo con un capital social de 6 millones de euros. Se firmaba de ese modo un convenio entre el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior; el alcalde de Arona, Miguel Delgado; el gerente de la empresa Gestur, Emilio Luque, y el director general de CajaCanarias;  Álvaro Arvelo.

El acuerdo

El convenio especificaba que el Cabildo se comprometía a aportar el 48 por ciento del capital, mientras que CajaCanarias contribuiría con el 22,5 por ciento, Gestur con el 20 por ciento y el Ayuntamiento de Arona se haría cargo del 9,5 por ciento restante. Estos organismos se comprometían también a respetar la formulación  de los correspondientes planes parciales o especiales que se redactaran, los criterios sobre la ordenación del sector que se establecieran en el planeamiento general, así como sus posibles revisiones.

En la ordenación de la nueva ciudad se delimitaba la estructuración viaria básica y se contemplaba, además, la superficie edificable reservada a promociones de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.

El proyecto incluía también, grandes espacios de uso público con áreas ajardinadas de las vías de circulación, un gran parque urbano, una ciudad deportiva y una zona de equipamiento sanitario, entre otras dotaciones, que garantizarían un mínimo de equipamiento urbano que haría atractivo el asentamiento poblacional en la zona.

Según José Antonio Reverón, en la actualidad no se descartan tales equipamientos, pero habrá que esperar a la nueva redacción del Plan General.