En base de este acuerdo, el Cabildo elaborará en coordinación de administraciones públicas implicadas un registro de viviendas de alquiler vacacional en Tenerife. Ese registro, como explica el representante de la formación morada, irá vinculado a un sistema de información geográfica en el que se deben identificar y localizar físicamente de manera particular aquellos inmuebles que los fondos de inversión están dedicando al alquiler vacacional. 

Además, a partir de los datos de ese registro así como del análisis de esta cuestión y de su problemática asociada, el Cabildo tendrá que realizar un diagnóstico sobre el impacto del turismo vacacional en el mercado insular de la vivienda, comparándolo con el de los inmuebles que se comercializan bajo régimen de compraventa y de alquiler convencional en Tenerife. 

Asimismo, este acuerdo adoptado en comisión plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Política Territorial, compromete una vez más a la institución tinerfeña a elaborar un censo de viviendas vacías en Tenerife para, una vez identificadas, movilizarlas hacia el alquiler social. “A ver si esta vez cumplen el deber de hacer este censo y de estimular el uso social de esas viviendas, pues esos acuerdos ya fueron adoptados también a propuesta del grupo insular de Podemos a principios de mandato, en junio de 2015, y no hemos visto que el pacto de gobierno CC-PSOE de Carlos Alonso y Aurelio Abreu hayan hecho nada para darles cumplimiento”.

En definitiva, como destaca Concepción, “queremos evaluar y anticiparnos al riesgo de que se cree una nueva burbuja inmobiliaria focalizada esta vez sobre el alquiler de inmuebles”. “Es indispensable tener datos fiables para poder adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho social fundamental de acceder a una vivienda digna y adecuada”. Y resalta en ese sentido “la gran importancia de que el Cabildo de Tenerife haya aceptado la propuesta de Podemos de hacer un diagnóstico preciso del alcance del turismo vacacional que preste especial importancia al papel que están jugando los fondos de inversión en este negocio y que, además, se vaya a hacer también un censo de viviendas vacías, pues sin esos datos difícilmente podremos afrontar con acierto el grave problema residencial que tenemos delante”.

“Es un hecho objetivo que la vivienda se usa, en lo esencial, como una mercancía objeto de especulación y que desde los poderes públicos se permite –cuando no se alienta– el incumplimiento de su función social, que no es otra que la de garantizar un hogar”, remarca el consejero de Podemos. E incide en que en esta etapa de crisis caracterizada por la precariedad laboral, las rentas bajas y el desempleo, para gran parte de la ciudadanía es prácticamente imposible ya no solo acceder a una vivienda en propiedad, sino también en régimen de alquiler, “lo que obstaculiza el ejercicio de un derecho tan básico como el disponer de un techo y lo que hace urgente introducir cambios que de una vez aporten soluciones a la problemática residencial”. 

Bajo la excusa de la dinamización del mercado de viviendas de alquiler, indica, se ha acortado la duración de los contratos, están subiendo los precios y se han limitado las garantías en los procesos de desahucios. “El suculento negocio de naturaleza especulativa que está creciendo de manera exponencial en torno al alquiler de pisos turísticos está agravando la problemática del acceso a la vivienda fuera y dentro de nuestra isla –señala–, y es fundamental que desde los poderes públicos se pongan todos los recursos necesarios para que esta modalidad de alojamiento turístico se desenvuelva de manera equilibrada y sostenible, permitiendo una convivencia adecuada entre la población urbana residente y la visitante”.