El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, explica que los recursos que se obtengan tras la venta de las tres salas de juego “se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias de la Corporación insular”. Según Alonso, “tenemos muy claras nuestras prioridades, que son concentrar todos los esfuerzos en las acciones y proyectos que puedan mejorar la vida de los tinerfeños y retirarnos de las que no son prioritarias ni son propias de una administración  pública, como sucede en el caso de los casinos”.

Los licitadores deberán presentar un proyecto de inversión turística que deberá realizarse necesariamente en uno de los tres municipios en los que se ubican los casinos (Adeje, Puerto de la Cruz o Santa Cruz). Este proyecto, que implica una inversión  mínima de 4,5 millones de euros,  podrá comprender tanto actuaciones de obra nueva como de rehabilitación de edificaciones ya existentes.

Las bases del concurso especifican que este proyecto turístico, que tendrá que ser desarrollado en un plazo máximo de cuatro años, deberá estar relacionado con la actividad de explotación del casino de juego aunque se podrán desarrollar otras actividades turísticas adicionales.

En cuanto a los trabajadores, que suman un total de 121 entre los tres casinos, el pliego de condiciones especifica que la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir de manera obligatoria durante al menos dos años al personal de cada una de las tres sociedades en el momento de la compraventa, con los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social correspondientes y con los mismos complementos, protección social y otros premios de permanencia que cada trabajador tenga.  

Las empresas interesadas en la compra de los casinos tendrán un plazo de 45 días para presentar las solicitudes. Posteriormente se abrirá otro plazo de un mes para la revisión legal y financiera de la sociedad y otros cuatro meses para la presentación de las ofertas.

El Cabildo intentó sin éxito hace cuatro años la venta del Casino de Playa de Las Américas dentro del proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La intención ahora es vender ahora los tres casinos de forma conjunta para hacer más atractiva la licitación.