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20:51h. Lunes, 12 de Noviembre de 2018

El Cabildo retirará 27 millones de euros del Banco de Santander en apoyo a las familias de Añaza

El Cabildo, en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha iniciado los trámites para retirar 27 millones de euros del Banco de Santander. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, cumple así con lo anunciado la pasada semana cuando solicitó a la entidad bancaria información sobre las viviendas de protección oficial del barrio de Añaza, en Santa Cruz.

El presidente Carlos Alonso cumple lo anunciado la pasada semana ante la falta de respuesta de la entidad en relación al problema humanitario que padecen 358 familias del barrio
El presidente Carlos Alonso cumple lo anunciado la pasada semana ante la falta de respuesta de la entidad en relación al problema humanitario que padecen 358 familias del barrio

Se trata de una primera acción a la espera de una reacción positiva por parte de la entidad bancaria ante un problema tan grave que afecta a 358 familias de Tenerife. 

La Corporación insular pidió la pasada semana información “clara y precisa” sobre la situación real de las viviendas y que se paralizara cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles. “Ante la falta de respuesta a una cuestión humanitaria tan urgente, hemos decidido retirar esos fondos en concordancia con lo aprobado hace tres años por el Pleno puesto que resulta inadmisible la dejadez de la entidad bancaria ante este grave problema”.

El presidente insular recuerda que el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas. Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.

El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.