Debido a la falta de regularización en las administraciones públicas, el colegio profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (Ceescan), denunciaba el pasado año una convocatoria de empleo público del Cabildo –concretamente, del IASS- en la que se convocaban 10 plazas de Educación Social. Sin embargo, se discriminaba profesionalmente a las personas con esta formación, pues en las bases de dicha convocatoria se contemplaba la posibilidad de que participasen profesionales provenientes de la Psicología, Magisterio o Pedagogía, entre otras áreas formativas.

El grupo Podemos, que por aquel entonces apoyó las protestas ejercidas por el Ceescan y preguntó al grupo de Gobierno por esta cuestión en comisión plenaria, se congratula ahora de que el Cabildo tinerfeño apruebe su moción en apoyo y defensa de la Educación Social. Mila Hormiga considera que es un “paso importante para clarificar los procedimientos de contratación pública de este perfil profesional, evitando que se favorezca el intrusismo laboral”. 

Hormiga añade que, otra razón relevante que motiva este acuerdo, es la necesidad de reafirmar a la Educación Social como “una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social”. “El perfil de educadora y educador social está muy presente en los servicios sociales municipales, insulares y de la comunidad autónoma, siendo hoy en día un perfil profesional fundamental y habitual”. 

La consejera de la formación morada ha destacado la ambición de la mencionada moción, pues con este acuerdo institucional “se instará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, la cual sería conveniente para poner fin al desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones”.