El consejero de la formación morada en la corporación insular Roberto Gil-Hernández condena en ese sentido que el Gobierno insular de CC-PSOE haya comprometido fondos públicos para apoyar a las empresas que opten por hacer negocios en el territorio saharaui invadido por la monarquía alauí, “máxime teniendo en cuenta que en esa zona se está practicando una política de auténtico apartheid contra la población civil”. 

Aunque Marruecos esté aplicando grandes beneficios fiscales para propiciar el despegue comercial en El Aiún, manifiesta el representante de Podemos, “que el Gobierno del Cabildo de Tenerife entre en ese juego delata los pocos escrúpulos de CC-PSOE, pues siguen anteponiendo el dinero fácil al respeto de los Derechos Humanos, incluso cuando esa vulneración afecta a un pueblo vecino y hermano”.

Gil-Hernández incide en que esa tolerancia a la vulneración de derechos fundamentales de las personas cuando hay dinero por medio, “explica claramente por qué el pasado mes de octubre CC y PSOE votaron en contra de la propuesta del grupo insular de Podemos de crear un Consejo Insular de Buenas Prácticas en la Acción Exterior del Cabildo de Tenerife”. Esa iniciativa, recuerda, pedía que el apoyo de esta administración a la internacionalización de las empresas tinerfeñas asumiera la solidaridad como eje transversal, garantizando el respeto a los Derechos Humanos, la justicia, la cooperación en paz y el desarrollo sostenible. 

“Evidentemente –comenta–, ese planteamiento de comercio internacional asentado en el principio de que el desarrollo socioeconómico de Canarias y de sus diferentes sectores socioeconómicos redunde también en el desarrollo de los países que nos rodean, choca frontalmente con el oportunismo económico que lleva a cabo el Gobierno insular tanto dentro como fuera de la Isla”. Y subraya que a tenor de los acontecimientos, “es normal que la consejera de Acción Exterior del Cabildo fundamentara el rechazo a esa moción en la majadería de que el Cabildo no tiene competencias en Derechos Humanos”.

En representación de su grupo, señala que el Gobierno insular debería reconsiderar el apoyo con fondos públicos a operaciones comerciales como las que pretende apoyar en el Sahara ocupado. “No se trata solamente de una cuestión ética, sino también de responsabilidad, ya que además de comercio, con este tipo de operaciones el Cabildo también está respaldando la usurpación de derechos al pueblo saharaui”.