Julio Concepción, consejero de la formación morada, remarca que “ese proceder impide la libre concurrencia de otras empresas” y, además, “ensombrece la imagen de imparcialidad y la credibilidad de las auditorías que se encargan”. Recuerda en ese sentido las experiencias negativas acaecidas recientemente con la fiscalización de las cuentas de Sinpromi y la Institución Ferial de Tenerife, dos sociedades insulares inmersas en escándalos económicos que fueron pasados por alto en auditorías externas.

“Cuesta entender que una institución como el Cabildo de Tenerife pase por alto que la libre concurrencia de empresas fiscalizadoras contribuye a que los resultados de las auditorías sean más creíbles”, señala Concepción. Y añade que el asunto se torna especialmente delicado si se tiene en cuenta que el Gobierno insular de CC-PSOE “está empeñado en ocultar los beneficios económicos y sociales que dan estas sociedades a las arcas públicas tinerfeñas para seguir adelante con su plan de desmantelamiento y venta de los casinos públicos”.

Explica en ese sentido que en el balance económico ofrecido durante el Consejo de Administración de Casinos de final de año “se informó de lo que he venido defendiendo desde que tengo representación en estas sociedades y tengo acceso a sus cuentas: de la alta rentabilidad de los casinos de Tenerife”. El consejero insular de Podemos detalla que, a pesar de que se ha recortado la plantilla con 12 bajas incentivadas de personal para seguir con el plan de ruina y desmantelamiento que tanto defienden CC y PSOE, las empresas de casinos cerraron el año con un incremento de ingresos de más de 500.000 euros y un descenso de gastos de otros 500.000 euros. En términos globales, precisa, la explotación pública de estas empresas obtuvo durante 2016 unos 13 millones de euros de ingresos, “un 7 por ciento más de producción que el ejercicio anterior”

Recuerda que durante la última década estas sociedades entraron en quiebra económica por las operaciones de crédito y las ruinosas compras inmobiliarias y reformas llevadas a cabo de forma totalmente irresponsable por los representantes políticos del Cabildo de Tenerife. La solución que planteó el presidente insular Carlos Alonso al comprobar el tamaño del desaguisado, añade, fue que había que vender casinos de forma urgente para liberar a las arcas insulares de esa ruina. “Pero estas sociedades nunca han sido una ruina, sino todo lo contrario: son una mina de beneficios que, además, generan empleo de alta calidad  y que ha conseguido que un sector tan delicado como el juego se haya gestionado al margen de escándalos y mafias, con un protocolo de detección y freno riguroso de la ludopatía y, además, manteniendo una fundación de acción social con sus ingresos”. Lo que falló, reitera, “no fueron las empresas de casinos, sino los desmanes de sus gestores políticos”.

La prueba de que lo más conveniente para la sociedad tinerfeña es mantener la propiedad pública de estas empresas “es que a pesar de la desinversión en su mantenimiento y modernización, y a pesar de reducir su plantilla, los ingresos que generan los casinos siguen batiendo récord año tras año”. “Es normal que haya empresas privadas interesadas en hacerse con esta bicoca –destaca el representante de Podemos–, lo que no es normal es que el Gobierno insular de CC-PSOE muestre tanto afán por privatizar unos casinos públicos que dan beneficios incluso cuando sus gestores están haciendo todo lo posible por reducir sus ingresos”. 

Por último, critica el sí unánime de los consejeros socialistas a los recortes de plantilla en estas empresas, “algo que supuestamente va en contra del programa del partido”. “Llama la atención que el Cabildo esté gastando tanto dinero público en generar empleo habitualmente precario y que, al mismo tiempo, sus responsables políticos respalden la destrucción del empleo de calidad que caracteriza a casinos “y que ninguno acepte que están amparando un sinsentido cuya única justificación es la de privatizar para poner en manos privadas las empresas públicas rentables”.