Asimismo, González Évora preguntó cuál es el marco legal en el que se ampara el Cabildo para sacar a concurso la gestión de la caza controlada en la Isla, sin que se haya aprobado un Plan Técnico de Caza.

González Évora recordó durante su intervención que “tanto el Plan Técnico como el Plan Insular de Caza son instrumentos de planificación y gestión cinegética, siendo el primero de obligado cumplimiento por parte de los titulares cinegéticos, según lo establecido en la Ley Canaria de Caza”.

Desde la perspectiva de la obligatoriedad de ambos documentos, el consejero Popular puso sobre la mesa que “en los meses de mayo y octubre de este año hemos preguntado sobre la elaboración de estos documentos por parte del Cabildo, y en las dos ocasiones la respuesta fue que no existe ni Plan Técnico ni Plan Insular de Caza”.  

González Évora recriminó a la consejera su “falta de interés en solucionar los problemas que están relacionados con la gestión de la caza en Tenerife, teniendo en cuenta que esta ha sido responsabilidad directa del Partido Socialista durante los últimos tres mandatos”, y denunció “la falta de transparencia y consenso en relación a las gestiones de la consejería insular del Medio Natural y Seguridad para sacar a concurso la gestión de la caza menor controlada, puesto que no se convoca la Mesa Insular de Caza y tanto los miembros del sector como el resto de formaciones políticas tenemos que enterarnos de las decisiones de la consejera por medio de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia”. González Évora entiende que “Pedro Martín y la consejera todavía pueden reconducir la situación, buscando una respuesta consensuada en base al interés general de todos los cazadores”.

El consejero Popular denunció, asimismo, que “el contrato para la gestión de la caza controlada en la Isla está prorrogado desde 2016”, y se preguntó “cuáles son las razones por las que este Cabildo no ha sido capaz de sacar adelante un nuevo concurso durante los últimos cuatro años”, a lo que agregó que “después de cuatro años y seis prórrogas, ahora la institución insular cambia la figura jurídica para la prestación del servicio, de contrato a convenio, sin contar con la totalidad del sector en la Isla, lo que ha provocado que parte del sector de la caza en Tenerife haya impugnado el procedimiento, precisamente por no disponer de los documentos necesarios previstos en la Ley Canaria de Caza”, lo que “podría traer consecuencias jurídicas y económicas para el Cabildo de Tenerife”.

González Évora concluye que “desde el Partido Popular tendemos la mano al gobierno insular para gestionar adecuadamente la caza en la Isla de Tenerife y reivindicamos la aprobación previa del Plan Técnico y el Plan Insular de Caza, para que el concurso sea participativo y con todas las garantías”.