Por parte de la empresa auditora contratada al efecto dicha valoración además no fue en ningún momento conformada o verificada por los técnicos del propio Cabildo, a pesar de que la legalidad vigente exige un informe económico de tasación del valor de mercado de la entidad. 

Lo anterior, no garantiza en modo alguno que no exista una distorsión en el precio de salida de venta. Para cumplir con el objeto del contrato acude a tres métodos de valoración. Pero excluyendo finalmente uno de los métodos, el precio razonable del Valor del Activo Neto que ascendía a la cantidad nada despreciable de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL (12.208.000) EUROS

La propia empresa auditora, señala en su informe de tasación que la información necesaria para la realización del documento le ha sido proporcionada por “la Dirección de Casinos de Tenerife o ha sido obtenida por nuestra parte de fuentes de información públicas”, añadiendo que el alcance de su trabajo “no ha incluido la realización de trabajos de auditoría contable, fiscal, laboral, inmobiliaria y/o medioambiental, ni procedimientos de verificación de la integridad y exactitud de la información que nos ha sido facilitada.”

Añadiendo que tampoco “ha incluido la realización de estudios de mercado que soporten las proyecciones financieras de las sociedades”.

Pero es que además la propia empresa auditora afirma que “no asume o garantiza, expresa o implícitamente, la veracidad, exactitud e integridad de la información contenida en este documento y suministrada por Casinos de Tenerife para la realización de nuestro trabajo” y que su trabajo No ha incluido la realización de trabajos de auditoría contable, fiscal, laboral, inmobiliaria y/o medioambiental, ni procedimientos de verificación de la integridad y exactitud de la información que ha sido facilitada.” Añadiendo que tampoco “ha incluido la realización de estudios de mercado que soporten las proyecciones financieras de las sociedades”.

Por tanto, desde UGT-CANARIAS se manifiesta que la empresa BDO no ha realizado el más mínimo esfuerzo en comprobar la exactitud de los datos que le aportaron desde Casinos de Tenerife, parece claro que la valoración efectuada no cuenta con la exigenciasnecesarias para constituir un elemento objetivo de control administrativo en el trámite de determinación del precio del concurso máximo cuando nos encontramos con afirmaciones del técnico del servicio público insular como esta, “no podemos verificar el cálculo material de las diferentes metodologías que se ha realizado y suscrito adecuadamente por una empresa altamente especializada en la materia”,que debe ser anulada por el Juzgado.

En la demanda presentada por UGT-CANARIAS contra los pliegos de venta de los Casinos se señala las irregularidades que vulneran claramente los principios de objetividad y transparencia que deben regir cualquier tipo de concurso público, el valor del inmueble titularidad de Casino Playa de las Américas SA, que la sociedad TINSA evalúa en 4.521.760,86 euros no contempla la maquinaria a pesar que tanto uno como otro inmovilizado pasarían a la titularidad de los nuevos accionistas. Tampoco ha incluido “la realización de trabajos de auditoría contable, fiscal, laboral, inmobiliaria y/o medioambiental, ni procedimientos de verificación de la integridad y exactitud de la información.”

Incumpliendo la cláusula 3.3 del pliego del contrato administrativo que deberá emplear información contrastada y veraz, contraviniendo, lo exigido en Norma Técnica del ICIAC sin que se encuentre justificada una rebaja del precio base de licitación en la compraventa de las participaciones de los Casinos de 2.199.000 euros, como consecuencia de la exigencia de realizar un proyecto turístico a la empresa que resulte adjudicataria. Cantidad que se dejaría de percibir por parte de la administración insular, a favor de los intereses privados, Lo que viene a ser básica y definitivamente, que la inversión privada sea sufragada con patrimonio público.

Como corolario: Los encargados de valorar ese proyecto (es decir, los que decidirán finalmente al adjudicatario) serán precisamente los mismos que han diseñado la licitación con estos elementos, por tanto con ese método de valoración se produce una reducción de 4.398.000 de euros, lo que bastaría para ilustrar los efectos perniciosos de esta manera de valorar

UGT siempre ha defendido que no existe una causa legal, ni económica que justifique la venta de los Casinos Públicos de Tenerife, y mucho menos cuando los Casinos de Tenerife son empresas públicas que generan amplios beneficios que repercuten en el bienestar de la ciudadanía de la Isla. Para la UGT Canarias es una burla la falta de justificación respecto a la venta de patrimonio público que se pretende hacer por parte del actual equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife.

Desde UGT, se insta al Grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife que retire la venta de los casinos públicos de Tenerife al estar viciado de nulidad.