El nuevo documento, que contó con el apoyo de la corporación municipal, salvo el voto en contra de CC y PP, se encuentra en estos momentos en exposición pública durante un mes desde su aprobación el pasado 26 de mayo. Según argumentó Molina Jorge, la prioridad de este Consejo “es impulsar la participación interactiva, en el que la población del municipio colabore activamente, desde el análisis de la problemática municipal, hasta la formulación de planes, incluyendo en dicho proceso participativo metodologías interdisciplinares que abarquen las diversas perspectivas sociales”. 

La concejala manifestó que el objeto es que se constituya como “un foro de diálogo y cauce de participación de los agentes económicos, sociales, profesionales y vecinales con el Ayuntamiento”. Por su parte, Félix Hernández indicó que la idea es que “sea un observador del cumplimiento e implementación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recabando la opinión de la ciudadanía”.  También, indicó Hernández, “será el encargado de articular la participación de la sociedad civil, asociaciones, colectivos y entidades en la congestión de los servicios municipales, de asesorar al gobierno municipal y colaborar en la solución de los problemas de la vecindad y la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales  y causas de inseguridad y marginación. 

Asimismo, este Consejo persigue la realización de procesos participativos en lo que respecta, por ejemplo, a los presupuestos generales; elaborar un plan de fomento y mejora del asociacionismo e impulsar la ejecución de proyectos. Sendos concejales invitaron a todo aquel que lo desee a ser parte activa de este Consejo.

En cuanto a la procedencia de la aprobación de la norma reglamentaria propuesta, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 19 de la ley 7/2015 de los municipios de Canarias, que prevé la existencia de un Consejo de Participación Ciudadana como órgano de estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal, donde se desarrolla la participación directa de los vecinos en la actividad pública local. Por su parte, la Constitución, en su artículo 9.2º obliga a los poderes públicos a facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

El Consejo General de Participación Ciudadana y Transparencia es el órgano consultivo y de participación en la gestión municipal de las principales organizaciones económicas, sociales, sindicales, profesionales, culturales, vecinales y de la sociedad civil del municipio, desde el que se analizan y coordinan las actuaciones, planificaciones y proyectos que afectan al conjunto del municipio.