Para ello, el gobierno local ha venido trabajando de forma conjunta con la Subdelegación del Gobierno, la Dirección General de Costas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, así como con los propietarios de los terrenos afectados y con las fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adquiriéndose el compromiso por parte de las administraciones supramunicipales de que tras el desalojo de la Caleta de Adeje, hace unos días, Granadilla de Abona sería el siguiente lugar donde se procedería a actuar.

El grupo de gobierno municipal responde así, también, a la portavoz socialista, Jennifer Miranda, que en estos días pedía que “nos ocupáramos de esta situación” y que llevaría una propuesta al pleno, y en las que denota su falta de conocimiento y de comunicación no solo con el gobierno municipal sino con sus compañeros de gobierno y de partido del Cabildo de Tenerife o de España. Además, le piden a Miranda que “no moleste si no quiere ayudar y que deje de jugar al oportunismo político”.

Desde el 3 de diciembre de 2019 ya se había traslado la información y solicitado a la subdelegación del Gobierno la participación en los dispositivos de seguridad, además de haberse elevado en dos ocasiones informes completos a Costas, que son los competentes al tratarse de Dominio Público Terrestre, de los asentamientos en el entorno que abarca desde Agua Dulce en Los Abrigos hasta en El Médano. De hecho, la propia consejera de Medio Ambiente en el Cabildo trasladó al gobierno local que esperaba que se interviniera próximamente en esos casos.