En enero de 2021 reciben comunicación del juzgado para abonar una cantidad pendiente que se adeuda de alquiler, advirtiendo a la madre que en caso de no abonar dicha cantidad en el plazo indicado se procederá al lanzamiento judicial con fecha 18 de febrero. La madre abona lo que se le pide y entiende que el asunto queda solucionado, y desde la entidad financiera le dicen que ellos se encargan de avisar al juzgado (la entidad ya no es Servihabitat es un fondo buitre al que se ha vendido la casa).

Pero por alguna razón el lanzamiento sigue su curso previsto, y la madre diabética, producto de la impresión y del miedo por verse injustamente en la calle, sufre una subida de azúcar y pierde el conocimiento con tan mala suerte que se golpea en la cabeza al caer y queda en coma, situación en la que está desde el pasado martes.

Con todo, el miércoles 18 desde el juzgado proceden a ejecutar el lanzamiento con la menor en la casa y la madre en el hospital, cambian la cerradura y sellan la puerta, sin pensar en lo que había ocurrido, dejando a una de sus hijas menor de edad en la calle sin asistencia y sin tan siquiera poder acceder a la casa para recoger sus pertenencias. Estamos a la espera de saber qué han hecho o piensan hacer desde el Ayuntamiento, en cuyas dependencias de Servicios Sociales figura desde hace meses colgado un cartel advirtiendo que están cerrados.

En los muchos años que llevamos a pie de calle defendiendo a la gente que peor está, pocas veces nos habíamos encontrado con un caso de vulneración de derechos y de crueldad tan flagrante como este. ¿Por qué no se respetó el Real-Decreto vigente que establece la prohibición de ejecutar desahucios hasta el 9 de mayo si se cumplen unas condiciones que la familia sin duda cumple?, ¿dónde estaban los Servicios Sociales?, ¿cuál fue la actuación de la policía durante el suceso? ¿Qué va a ocurrir ahora?, ¿qué será lo próximo que veremos? ¿Qué clase de sociedad permite esto?

De momento no podemos más que denunciarlo públicamente, esperando una pronta y satisfactoria recuperación de esta madre, exigiendo que le sea devuelva la casa que tenía pagada hasta marzo, y permita a sus hijas entrar a la vivienda a por sus pertenencias.

Y por supuesto, a tenor de la gravedad de los hechos confiamos en que la justicia actúe de oficio para depurar las responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse de los mismos, tanto por parte del fondo buitre como por parte del Ayuntamiento y hasta de los propios funcionarios que ejecutaron el lanzamiento, por lo que parece sin que se tomaran las debidas garantías.

Tras sucesos tan horribles y dramáticos como los que estamos denunciando, entendemos que es más urgente que nunca que la emergencia habitacional que sufre Canarias sea puesta como prioritaria en el debate social y político en el Archipiélago, para lo que avanzamos algunas de nuestras propuestas, que ya remitimos en días pasados al Diputado del Común.

-Que las Administraciones Públicas canarias tomen partido explícito por la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario afectadas por los requisitos que establece el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre.

- Que se ponga freno a la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y administraciones públicas como Visocan o el Instituto Canario de la Vivienda.

- Que se promuevan las condiciones necesarias para que nuestras Administraciones Públicas firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares.

-Que a tenor de las prácticas abusivas y exentas de escrúpulos de los fondos buitre, comiencen las Administraciones Públicas de Canarias a retirar sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife.

-Que se establezca desde nuestras Administraciones Públicas una subida del IBI a fondos buitre y otros grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos, para ponerlos en situación de liberar casas para alquiler social y evitar al tiempo una especulación desmedida.