A pesar de lo que exige la normativa estatal (la Ley de Bases de Régimen Local y ROF) y el propio Reglamento Orgánico de Granadilla de Abona, el gobierno ha hurtado a los concejales de la Corporación su derecho a la representación, así como a todos los ciudadanos y ciudadanas de Granadilla de Abona, que pueden exigir su participación en cada sesión ordinaria que se celebre. Esta vulneración se consagró en el mes de enero, cuando aun existiendo el imperativo legal, Don José Domingo Regalado se negó a convocar el pleno ordinario.

Doña Jennifer Miranda, Don Pedro Hernández y Don Adán García, portavoces de los partidos de la oposición, entienden que el gobierno municipal está tratando de evitar que se controle y fiscalice su labor en estas sesiones, dado que en los últimos meses se han producido numerosas y graves irregularidades en la gestión de las áreas municipales, así como en la prestación de servicios públicos esenciales, respecto de las cuales se omite reiteradamente la respuesta en cada sesión plenaria.

La cancelación de pruebas deportivas de reconocido prestigio, la no licitación de las actividades extraescolares que ha dejado a los niños y niñas sin éstas por más de dos meses, la flagrante desatención de la vida de las personas ante la ausencia de medidas para que se cumpla el contrato de seguridad en las playas o la autorización de la concejal responsable para que se instale un mercadillo sin los informes técnicos preceptivos son sólo algunas señas que revelan la única realidad.

Entiende la oposición que esta artimaña del gobierno es un ejemplo más de la opacidad en la gestión, de la ausencia de rumbo en la práctica totalidad de las áreas municipales y de un intento manifiesto por ocultar lo evidente: Granadilla retrocede día a día con la no gestión de su no gobierno.

Si bien los partidos de la oposición presentaron mociones a los efectos de que las mismas fueran tratadas en la sesión ordinaria de enero, el Alcalde-Presidente no convocó la misma obrando de mala fe y a sabiendas de que la normativa de aplicación, así como reiterada jurisprudencia, exige la convocatoria incluso en aquellos casos en que no existan asuntos a tratar, dado que en ellas se desarrolla la labor de control y fiscalización del gobierno.

Los tres partidos rubricaran una propuesta conjunta para que se diriman responsabilidades por la no convocatorio de la sesión plenaria ante el grave incumplimiento intencionado del gobierno.