«Una vez que se fue concluyendo el expediente anterior, y a pesar de que fue objeto de un trabajo exhaustivo y notorio del equipo que lo estuvo elaborando, durante el desarrollo del mismo se fueron detectando varios aspectos que podrían dar lugar al surgimiento de tensiones económicas y de interpretación de los pliegos de condiciones, lo que tendría consecuencias perjudiciales para la prestación del servicio, que nadie quiere» – tal y como informan desde el área mencionada.

Probablemente, esto fue debido a que, conforme se iba avanzando en su elaboración, se apreciaron nuevas necesidades que era conveniente incorporar al contrato, lo que alteraba los documentos elaborados anteriormente.

«Como el servicio se proyectaba con una duración de quince años, era muy deseable proceder a una revisión a fondo que permitiese detectar las cuestiones a resolver y evitar que durante un periodo tan largo de tiempo se estuviesen dando problemas de funcionamiento, así como el servicio no estuviese a la altura que el municipio se merece y todos queremos».

Además, se producía la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, que introduce cambios y aspectos importantes en la tramitación y conformación de los documentos que han de componer el expediente, como la necesidad de contemplar la eventual división en lotes, reducción de la duración, así como el cambio del tipo de contrato, entre otras cuestiones.

Ante esta situación, se está procediendo a reconfigurar el servicio ajustándolo a los requerimientos de la citada Ley, al tiempo que se reducirá su duración, se ajustarán las condiciones y se concretarán los costes que todo ello comporta, de manera que, una vez esté concluido, «se pueda tener la confianza de que el municipio contará con un documento plenamente viable que establezca el servicio que todos los vecinos desean y cuya gestión y seguimiento por parte de este Ayuntamiento sea la normal, sin más tensiones que las imprescindibles».