Las diferentes formas de violencia contra las mujeres obedecen a una desigualdad estructural por razón de género y la legislación en España ha sido pionera en normar y acoger los principales tratados internacionales que sirven de instrumento para luchar contra estas violencias, así como en adaptar nuestra legislación y acción política al marco de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de la que se cumplen 25 años este 2020, o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que aspiran transversalmente a la igualdad de género y cuentan con un objetivo específico, el quinto, para promoverla. 

La pandemia de coronavirus que asola el mundo ha demostrado, además, la prevalencia de la violencia contra las mujeres y su recrudecimiento ante condiciones de confinamiento y estado de alarma que han limitado la movilidad y libertad de las mujeres, sus hijas e hijos. Ante el riesgo cierto de que la crisis sanitaria devenga en una crisis socioeconómica, resulta fundamental redoblar los esfuerzos institucionales en la lucha contra las violencias machistas, así como a favor de la igualdad en todos los ámbitos de la vida. En un contexto en el que, además, tiene lugar un retroceso discursivo con respecto a esas violencias, traducido ya en recortes y políticas contrarias a los derechos humanos, con negaciones explícitas de su existencia, el compromiso democrático contra ellas delimita una frontera de la que se quedan fuera todos los discursos reaccionarios.

A lo largo del año 2020, han sido asesinadas 41 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, así como tres niñas y  niños, quedando huérfanos 20 niños y niñas. Junto a estas cifras dramáticas de la violencia de género, nuestro país conoce preocupantes datos en materia del resto de violencias machistas, especialmente aquellas que atentan contra la libertad sexual de niñas, jóvenes y mujeres, tal y como acredita la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019. Según sus resultados, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en nuestro país y casi tres han sufrido violencia física y/o sexual de su pareja actual o pasada. 

El marco legal con el que cuenta nuestro país para hacer frente a todos los tipos de violencia machista es pionero a nivel internacional desde el año 2004, en que se promulga la ley específica contra la violencia de género. Actualmente, se encuentra en tramitación la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que confirmará la plena trasposición del Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español y ofrecerá un marco de derechos y garantías a las víctimas de las violencias sexuales, dentro del amparo de estándares internacionales de derechos humanos y trasladando la presión popular del movimiento feminista a las normas básicas de nuestro estado. Asimismo, el Dictamen del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, aprobado en 2017, supuso la devolución de las competencias en materia de lucha contra esta violencia y de promoción de la igualdad de género a las entidades locales de nuestro país. 

La acción política de todas las administraciones, cada una en el marco de sus competencias, debe obedecer a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos a la hora de abordar la lucha contra las violencias machistas, atendiendo a todas las formas de violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, dando así respuesta jurídica y en términos de acompañamiento y reparación a todas las víctimas y cumpliendo todas las obligaciones que como administraciones están obligadas a asumir. Así, el Parlamento de Canarias, dentro de aquellas competencias que le son propias, se compromete a desarrollar políticas y medidas que aborden la lucha contra todas esas violencias machistas, haciéndose cargo de todas las víctimas, sin importar su situación administrativa, y asumiendo todas las obligaciones que en materia de garantía de derechos humanos le son prescriptivas.

Del mismo modo, el Parlamento de Canarias reconoce al movimiento feminista y su lucha determinada contra todas las formas de violencia machista, expresado en las movilizaciones que, en torno a esta fecha del 25 de noviembre, han agitado la conciencia de nuestras sociedades e impulsado a los poderes públicos a la asunción de sus responsabilidades. El trabajo común entre las entidades, las asociaciones, las administraciones y el conjunto de la sociedad civil es fundamental para acabar con todas las vulneraciones de derechos humanos que se cometen contra las niñas y mujeres por el hecho de serlo.