La Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 y 11 meses años de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que se ha dado a conocer y consta de 1.700 folios impone una multa de 27.857 euros a la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato -a la que también responsabilizan como partícipe a título lucrativo-- por beneficiarse de regalos (estola y encharpe), viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa.

Se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

El PP condenado

El PP ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y a la exmujer de este último, la exministra Ana Mato, también ha sido condenada al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

La exministra Ana Mato ha sido condenada al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. 

Se trata de la primera condena a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, se produjo “un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado”, en tanto que los actos delictivos de la trama “produjeron beneficios económicos cuantificables al PP”.