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23:30h. Miércoles, 28 de Junio de 2017

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias participa en un congreso nacional sobre disciplina urbanística

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha participado hoy en el ‘III Congreso APLU Disciplina Urbanística: una perspectiva global’, que se celebra desde ayer en Santiago de Compostela.

(APMUN), es la única de las tres agencias existentes en España que tiene competencias, además, en el ámbito medioambiental
(APMUN), es la única de las tres agencias existentes en España que tiene competencias, además, en el ámbito medioambiental

Se ha destacado el nuevo marco competencial de la agencia canaria en materia de prevención, así como su estructura organizativa, caracterizada por ser una entidad pública consorciada de la que forman parte actualmente 48 ayuntamientos, cinco cabildos y el propio Gobierno canario, según señaló su directora ejecutiva, Ana Batista, en el transcurso de su intervención.

De las tres agencias de estas características existentes en España, la APMUN es la única que, además de estar especializada en disciplina urbanística, cuenta con competencias en el ámbito medioambiental, añadió Batista, quien relacionó algunos de los tipos de infracciones por las que la agencia canaria abre expedientes, como los relativos a aquellos que vulneran las leyes de residuos, la Ley de Costas o vertidos al mar, entre otras.

En el marco de estas jornadas, la responsable del organismo consorcial disertó, asimismo, sobre el papel de las agencias urbanísticas, destacando las labores y objetivos de la APMUN, entidad canaria que, junto con sus homólogas de Mallorca y Galicia, conforman la totalidad de agencias especializadas en disciplina urbanística del país.

Así, respecto a los datos sobre el número de consorciados (48 ayuntamientos y 5 cabildos), Ana Batista insistió en que, si bien reflejan un notable avance en la colaboración institucional, “tenemos que seguir sumando más, porque las competencias del territorio son compartidas y porque trabajando juntos y coordinándonos mejor facilitaremos también las cosas a la ciudadanía”. 

Con este reto, la APMUN “se ha puesto como objetivo en esta legislatura reforzar la relación entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias para incrementar la eficacia y eficiencia de las actuaciones”, subrayó la directora.

La colaboración institucional, que lleva a cabo la agencia con otros organismos, se extiende más allá de los órganos internos de la misma, ya que también alcanza a otras entidades y organizaciones sociales y medioambientales, con los que la APMUN coopera o pretende cooperar. Hay que recordar, en este sentido, que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ya tiene suscritos acuerdos con el Ministerio del Interior (SEPRONA), con la Dirección General de Seguridad y Emergencias (Policía Canaria); con la empresa pública Cartográfica de Canarias (GRAFCAN); con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), y con las Cámaras de Comercio de Las Palmas y de Lanzarote; entre otras entidades, con quienes viene trabajando en el desarrollo de distintas actuaciones formativas e informativas, según indicó Ana Batista.

La responsable de la agencia canaria especializada en disciplina urbanística,  anunció, además, que con modificación de los Estatutos de la APMUN en el año 2011 para incorporar como prioridad de trabajo la faceta preventiva, incorporación refrendada el pasado año a través de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, “se ha abierto una nueva e ilusionante etapa en este organismo consorcial”. 

Este nuevo escenario ha provocado que el nuevo marco competencial de este organismo se haya visto sustancialmente ampliado más allá de sus tradicionales funciones de vigilancia y sanción medioambiental y urbanística, incluyendo de forma detallada el ejercicio de la “función preventiva mediante el asesoramiento técnico y jurídico a los ciudadanos y colectivos sociales, generando la información y los instrumentos que sean necesarios para evitar la vulneración de la normativa, con la anticipación en la detección y comprobación de las presuntas infracciones”, añadió Ana Batista.