Dorta hizo estas declaraciones en el transcurso de la rueda de prensa celebrada hoy para informar sobre las ayudas, de hasta 150 euros al mes, que el Gobierno de Canarias ofrecerá para el alumnado de primer ciclo de Educación Infantil escolarizado este curso 2017-2018 en centros con autorización oficial, tanto públicos como privados, para lo que el Ejecutivo canario invertirá tres millones de euros.

El objetivo de estas ayudas, que beneficiarán al menos a cinco mil niños y niñas, es incentivar las matriculaciones en esta etapa educativa, financiando parcialmente su coste de manera que la subvención será efectiva para cubrir las cuotas superiores a los 100 euros mensuales. Sin embargo, añadió la directora general, “si el Gobierno del Estado hubiera aportado los tres millones de euros que le corresponden, podríamos haber destinado un total de 6 millones de euros a este fin y duplicar por tanto el alcance de la medida. Ahora, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado su apuesta por la gratuidad y universalidad de esta etapa educativa por lo que esperamos que para ello se regule y se ofrezcan las herramientas necesarias, ya que hasta ahora hay un vacío de regulación que genera confusión a la hora de establecer las competencias entre las administraciones y las medidas a adoptar”. 

La directora general insistió en “la voluntad del Gobierno de Canarias de prolongar esta medida al año 2019, en función de la disponibilidad presupuestaria, “que esperamos duplicar dentro de poco, cuando el Estado haga efectiva la partida de otros tres millones de euros que se negoció para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”.

Para el Gobierno autonómico, indicó, “es necesario establecer una serie de herramientas y recursos que contribuyen, tanto a la escolarización de estos niños y niñas, como a facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar”. Así por ejemplo, se refirió a las desgravaciones vigentes de hasta cuatrocientos euros por gastos de guardería y a las acciones impulsadas desde el área de Empleo con el programa de conciliación de la vida familiar y laboral Concilia, que abona hasta ciento setenta euros a las madres y padres que se incorporen al mercado laboral después de haber sido solicitantes de empleo registrados y que tengan rentas anuales menores a los 19.362 euros.

Sin embargo, afirmó Dorta, “queremos ir más allá y para ello estamos diseñando un Plan Estratégico para dar a esta etapa educativa una respuesta mucho más integral”. Para ello, el Consejo de Gobierno ha encomendado a la Consejería de Educación y Universidades, a la de Sanidad y a la de Empleo y Políticas Sociales la redacción de una estrategia conjunta para la primera infancia, que facilite una escolarización y atención tempranas, mientras el Estado no regule adecuadamente esta etapa educativa y facilite la regulación normativa y la ficha financiera que permitan una completa planificación de la misma.

Por su parte, Francisco Linares subrayó que “con esta medida del Gobierno de Canarias se está respondiendo a una demanda histórica de la municipalidad en el Archipiélago”. Hasta ahora, señaló, “desde los municipios hemos tenido la predisposición y valentía de dar respuesta a las necesidades de esta etapa educativa, afrontando el servicio con carácter público y sin ayuda de nadie”, En este sentido, sentenció, “estamos cansados de que se escriban leyes o normas por parte del Estado y que financien luego otros. En ocasiones, el Gobierno de Canarias o los municipios nos vemos solos teniendo que llevarlas a cabo pero sin una ficha financiera que las acompañe. Los municipios no podemos afrontar estas cuantías económicas, ya que aún seguimos inmersos en una crisis económica importante y hemos de ayudar a que la gente subsista cada día”.

Por tanto hoy, señaló Linares, “este es el primer escalón a una demanda que se venía haciendo, tanto desde la FECAM como desde la FEMP, por lo que estamos satisfechos, si bien el camino es más largo y debemos seguir avanzando”. Como presidente de la Comisión de Educación y vicepresidente de la FECAM, manifestó, “tengo que agradecer al Gobierno de Canarias que en tiempos de crisis haya dado un paso histórico en poner una partida económica y pasar de los cero euros a los tres millones de euros que aporta para dar respuesta a estas necesidades”.

La presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (ACINTE), Marina Amador, agradeció a la Consejería de Educación y Universidades que “se hayan hecho eco de una demandas que desde hace más de ocho años viene haciendo el sector, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para reclamar la regulación del ciclo y las ayudas familiares. Es necesario que esto se haga desde el ámbito nacional y que todas las comunidades vayan en la misma línea”. Así, destacó, “es muy importante que los niños de 0 a 3 años estén en los centros infantiles o tutelados de alguna manera por el Gobierno para que en estas edades se les valore, eduque y haga un seguimiento para su posterior incorporación al colegio”.

Por último, el presidente de la Asociación de Escuelas Infantiles de Las Palmas ‘Educando’, Gustavo Hernández, aseveró que “estas ayudas van a permitir acceder a las escuelas infantiles municipales o a los centros privados de Educación Infantil a un porcentaje de la población que posiblemente por motivos económicos aún no podía acceder, de ahí la importancia de la igualdad de oportunidades y el trabajo que se ha venido haciendo históricamente en Canarias desde los municipios y desde los centros privados, con grandes profesionales que vienen realizando una labor preventiva de dificultades de inserción social, educativa, de desarrollo, etcétera. Por ello, la medida que hoy presentamos puede ser una herramienta muy potente para proteger entre todos nuestros sistema educativo”.

Subvenciones de hasta 150 euros

Todas las subvenciones se solicitarán a través de las propias Escuelas Infantiles, que recibirán las ayudas y las repercutirán en las cuotas del alumnado, que debe estar escolarizado cinco horas al día durante el curso 2018/2019. 

Las familias podrán solicitar las ayudas hasta el próximo 19 de octubre y para acceder deberán acreditar una renta máxima de 19.362,09 euros anuales, para lo que deberán aportar su declaración de la renta o, en el caso de no estar obligadas a presentarla, una certificación acreditativa de ingresos expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una certificación acreditativa de ser beneficiarios de alguna prestación, subsidio o similar, o un informe emitido por los servicios sociales municipales acreditativo de su situación sociofamiliar, en el caso de no poder presentar alguno de los documentos anteriores, por no tener la obligación de presentar la declaración de la renta y no reciban prestación o subsidio económico.