El texto de la nueva Ley de Servicios Sociales que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, dando cumplimiento al compromiso y a los plazos adquiridos, ha cerrado ya el proceso participativo con el máximo consenso posible: incluyendo más de 300 aportaciones y el visto bueno de todos los sectores que van a intervenir en su aplicación posterior, y tras su presentación hoy al Consejo General de Servicios Sociales, irá el próximo lunes al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
Hernández destaca que esta ley, entre otras muchas novedades, “va a crear derechos, vamos a pasar del asistencialismo a los derechos. Se acabó el concepto de beneficencia para pasar al de sistema de derechos, es decir, de concebir los servicios sociales como algo que depende de la buena voluntad del gerente de turno, a un servicio profesionalizado con un sistema integral, una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones”. 
La vicepresidenta señala que se crea por primera vez el Sistema Canario de los Servicios Sociales “algo esencial ya que viene a poner orden donde antes había desorden. Se fija un itinerario que permite que no nos quedemos solo en la emergencia sino que trabajemos en la inclusión, en resolver lo urgente, sin olvidar lo importante”. 
Al respecto, explica que uno de los pilares fundamentales de este sistema es el establecimiento del Sistema de Información los Servicios Sociales, que ordenará la información relativa a las personas y permite hacer un seguimiento serio y eficaz en una sola fuente. “Se acabó dar tumbos por Sanidad, por Hacienda o por el ayuntamiento porque se crea una historia social única de los Servicios Sociales de Canarias y, además, una tarjeta social única”, apuntó.
Otras novedades son que el acceso a los servicios sociales de Canarias será a través de un único punto de acceso, así como el profesional de referencia que atienda a cada persona, la comprenda, la conozca, sepa todo su historial y que será una figura similar a la del médico de familia. 
Hernández destaca que este profesional de referencia será un trabajador social. Este será de libre elección y se introduce la posibilidad de cambio de profesional, de un segundo diagnóstico y del acceso al expediente en cualquier momento. El trabajador social no estará solo, ya que se creará un equipo interdisciplinar, formado además por psicólogos y educadores sociales,  que no dependerá de convenios sino que será una figura que garantizará la ley. 
Asimismo, Hernández explica que también habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones, que se creará en el plazo de doce meses para que los ciudadanos conozcan las prestaciones a las que tienen derecho. “Este catálogo viene a poner orden donde había desorden y supone no depender del municipio donde vivamos para poder acceder a un  servicio o a una prestación”, puntualiza. 
Otra de las cuestiones que contempla el documento es la apuesta clara por la prevención. Se hace hincapié en el trabajo del educador social dentro de ese equipo interdisciplinar.
Como novedad respecto al borrador que se presentó en julio destaca el papel fundamental que desarrolla el tercer sector. “Es el que conoce de cerca la situación  y por eso hemos destinado un capítulo de la ley a la Concertación Social”, apunta. 
También se ha referido a la creación del Observatorio de los Servicios Sociales que garantizará el diagnóstico permanente para saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, lo cual es una garantía de calidad y de mejora continua. 
Hernández reitera que “los servicios sociales no es una cuestión sólo de las personas desfavorecidas, es un derecho de todos los ciudadanos de Canarias. Destaca que la ley fija  unos sectores prioritarios para determinadas circunstancias, como son las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género, las personas en riesgo de exclusión social, etc”. 
Hernández detalla que una de las novedades básicas de esta ley es el proceso gracias al cual ha sido elaborada. “Lo hemos hecho de forma muy distinta a como se ha hecho hasta ahora; hemos pedido a los participantes que nos presentaran un texto sobre el que hemos trabajado con los técnicos de la Consejería”. 
Asimismo ha subrayado que “una ley con este máximo nivel de consenso no se consigue en dos meses, ya que detrás hay un trabajo serio, riguroso, pegado a la realidad y con un esfuerzo en favor del entendimiento. Precisamente han sido los que una vez aprobada la ley tengan que ponerla en práctica en el día a día los que han hecho las aportaciones más relevantes, por tanto, es una ley hecha fuera de los despachos”. 
En el proceso participativo han aportado propuestas los colegios profesionales, las entidades del tercer sector, cabildos y ayuntamientos. Al respecto, Hernández agradece el trabajo de  todos los sectores implicados en la redacción de la ley, en especial a los ayuntamientos y cabildos “que se han puesto de acuerdo para elaborar este documento”.
Hernández explica que este texto “ha sido presentado hoy al Consejo General de Servicios Sociales, que le ha dado su visto bueno y el próximo 24 de octubre irá a Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior tramitación parlamentaria”. Esta no es la ley de Patricia Hernández, ni la ley del Gobierno, sino la ley del Consejo General de Servicios Sociales, es decir, es la ley de todos los profesionales de los servicios sociales. 
En la dirección de las mesas de trabajo han participado también la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, el director general del Menor, Mauricio Roque, y la directora general de Políticas Sociales, Carmen Acosta.

Las mesas en las que se ha trabajado el texto de la ley eran tres: mesa del Tercer Sector, mesa de los colegios profesionales y mesa institucional. Los participantes en dichas mesas son: 

1. Mesa del Tercer Sector: 

Sumas, Familias Acogida Santa Cruz de Tenerife, AFAAIC, Nuevo Futuro, Aldeas Infantiles, Asociación Coliseo, Asfaca, Proyecto Don Bosco, Cermi, Fasican, Funcasor, Once, Salud Mental Canarias, Plataforma Tenerife Discapacidad, Coordinadora de Personas con Discapacidad, Plena Inclusión Canarias, COCEMFE Canarias, Hogar Santa Rita, AHETE, Voluntariado y Animación al Territorio, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, ONGs, Cruz Roja Española, Mensajeros de La Paz.

2. Mesa con los colegios profesionales: 

Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Colegio Profesional de Educadores Sociales, Colegio de Abogados de Lanzarote. 

3. Mesa Institucional: 

Fecam, Fecai y Gobierno de Canarias. 
Fundación General de la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas.
Además de las aportaciones de las mesas, se han recibido propuestas a través de una plataforma interactiva en la que la ciudadanía ha aportado sus ideas y sugerencias al documento.