Buscar
15:58h. jueves, 25 de febrero de 2021

El PSOE apoya la implantación de la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos en Canarias

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Mauricio Roque ha mantenido un encuentro con la jueza de menores del Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, y la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, con el objetivo de mostrar el apoyo socialista a la implantación de la Oficina de asistencia a las víctimas de delito y su Comisión Técnica de Seguimiento, así como avanzar  en la visibilización de la infancia como víctimas directas de los delitos de violencia de género.

 

OFICINA ATENCIÓN DELITOS_Fotor
Mauricio Roque mantiene un encuentro con las juezas de Menores y de Violencia de Género de Las Palmas, Reyes Martel y María Auxiliadora Díaz

En la reunión se puso de manifiesto la necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, que insta precisamente a la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas de delito, pero que aún no se ha llevado a cabo. “Esta Ley supuso un avance decisivo en el reconocimiento y garantías de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas de los delitos, pero para conseguir el objetivo de que las víctimas de delito en Canarias puedan ejercitar esos derechos reconocidos, de deben crear las oficinas”, explicó Roque.

Además, abogó porque también se ponga en marcha la Comisión técnica de seguimiento de asistencia a las víctimas del delito de Canarias, tal y como establece  el Decreto 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la creación y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este sentido, el diputado socialista recordó que a través de esta comisión, se podrán realizar las actuaciones correspondientes para acordar y suscribir con los órganos competentes de la Administración de Justicia, como Policía, el ámbito forense, colegios profesionales, cabildos, ayuntamientos y demás instituciones y entidades públicas y privadas que asisten a las víctimas, los protocolos de actuación, coordinación y colaboración necesarios para implementar el proceso de asistencia y protección a las víctimas, incluso de los delitos cometidos por menores de edad.

En el encuentro también se destacó la necesidad de impulsar la normativa por la que se protegen a los menores que son víctimas de la violencia de género, a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, y que se distingan a las niñas y niños que se encuentren en situación de orfandad.

Roque recordó el trabajo que se está realizando desde el Grupo Parlamentario Socialista para impulsar esta protección a la infancia, a través de distintas iniciativas presentadas por la diputada Pino González en la comisión de Derechos Sociales de la Cámara regional. 

Asimismo, coincidieron en  que se  debe trabajar para conseguir el acceso a los servicios de justicia restaurativa por parte de los menores, recogidos  en  Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y lograr una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados de los delitos de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

En concreto, consideraron que se debe priorizar la reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima, bien  al inicio del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, o en el momento de la  ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes,  con  un claro predominio de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general.

Por último, recordaron que la competencia de la ejecución de las medidas adoptadas es de la Comunidad Autónoma, y que es esencial que ésta desarrolle los programas de justicia restaurativa en la ejecución de sentencias pendientes, que apuntan a la necesidad de  proteger el interés superior del menor en la restauración del daño.