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19:57h. Viernes, 21 de Julio de 2017

El PSOE enmienda la Ley de Crédito Extraordinario y prioriza los problemas de Canarias

El Grupo Parlamentario Socialista ejercerá presión al Gobierno Clavijo en minoría en el pleno de mañana con una batería de propuestas que den sentido social y realista a la Ley de Crédito Extraordinario que se lleva a votación. Las enmiendas que presentará el PSOE llevan el respaldo unánime de los grupos de la Cámara -en iniciativas diversas a lo largo de este año- y que, sin embargo, no ha motivado la reacción positiva del Ejecutivo.

 

Las propuestas del Partido Socialista tienen el respaldo unánime del Parlamento pese a lo cual el Gobierno Clavijo en minoría se niega a aplicarlas
Las propuestas del Partido Socialista tienen el respaldo unánime del Parlamento pese a lo cual el Gobierno Clavijo en minoría se niega a aplicarlas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, señala que “el Parlamento debe tomar conciencia de la trascendencia social para Canarias de sus propios acuerdos si se aplican y del reincidente pasotismo de este Gobierno en aplicarlas”.

Entre las enmiendas que presenta el PSOE destacan la creación de una bolsa con más de cuatro millones de euros para becas de Educación Infantil de 0 a 3 años, la contratación de personal eventual en el Centro Base de Discapacidad, la creación de las oficinas de atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales (proyecto que dejó preparado el PSOE antes de su expulsión del Gobierno), la adquisición de casas para el Parque Público de Vivienda, recuperación de la carrera profesional en el SCS y, no menos importante, la regulación de los cierres presupuestarios para que sea el Gobierno, y no la Consejería de Hacienda, el órgano en el que recaiga la decisión (en 2016 se dejaron de prestar en Canarias servicios públicos por valor de 120 millones de euros como consecuencia de la decisión de la consejera Dávila y del presidente Clavijo).

“Con estas enmiendas, que responden a iniciativas parlamentarias con respaldo unánime de los grupos, el PSOE vuelve a presionar para que la Ley de Crédito Extraordinario priorice las inversiones sobre los problemas sociales de Canarias con beneficio directo sobre los servicios a la ciudadanía”, afirma el portavoz socialista.
Estas iniciativas planteadas por el PSOE se respaldan en partidas de gasto que pueden demorarse al ejercicio 2018 o que no son ejecutables en los próximos meses, tal y como plantea el Gobierno. “Nosotros priorizamos la inversión de ese dinero en acciones con resultados positivos directos y tangibles sobre las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos”, insiste Iñaki Lavandera.

Becas Educación Infantil de 0 a 3 años. Se crea una bolsa de más de 4.130.000 euros para becas a familias con menores a cargo. La decisión de incorporar a estos niños y niñas a la primera etapa educativa no debe depender de su capacidad económica sino de criterios exclusivamente pedagógicos o personales. Tras el último Debate de la Nacionalidad (2017) se aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, crear estas ayudas. A pesar de movilizar 50 millones en esta Ley de Crédito Extraordinario para la Consejería de Educación, y a pesar de estar prevista su implantación en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, el Gobierno de Canarias se niega a hacer nada.

Adquisición de casas para el Parque Público de Vivienda. Se movilizan 40 millones para la inmediata adquisición de casas para el Parque Público de Viviendas del ICV. Es necesario para poner urgentemente en marcha programas de alquiler social y favorecer el acceso a la vivienda, ya que los salarios siguen a niveles bajísimos y el precio de la vivienda en el mercado privado se está elevando exponencialmente. En abril se aprobó una PNL, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instó al Gobierno a adquirir viviendas ya construidas que reúnan las condiciones de habitabilidad previstas legal y reglamentariamente con el objetivo de incorporar al parque público al menos 1.000 viviendas para atender la demanda existente a través de promoción pública. El Gobierno ha dejado escapar la oportunidad que brindaba esta Ley de Crédito Extraordinario para alcanzar este objetivo.

Personal para Discapacidad. Se plantea un incremento de 700.000 euros para contratar personal eventual en el Centro Base de Discapacidad con el objeto de agilizar el procedimiento de valoración del grado de discapacidad y garantizar así la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Actualmente hay un retraso de 24 meses en la tramitación de expedientes en materia de Dependencia.

Oficinas de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. La creación de este servicio ya estaba prevista por la Consejería antes de que CC echara al PSOE del Gobierno, si bien se estaba esperando a contar con la oportuna dotación presupuestaria. Se crearían dos servicios en Gran Canaria y Tenerife, ubicados en las áreas metropolitanas y sur de las islas que es donde se concentran este tipo de agresiones. Las oficinas contarían con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, con un coste anual de 800.000 euros. La enmienda que presenta el PSOE consta de 270.000 euros (135.000 euros para cada isla) porque su puesta en marcha efectiva se estima para el próximo año.

Recuperación de la carrera profesional en el SCS. Levantamos la suspensión de la carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud (SCS) prevista en la disposición adicional 16ª de los Presupuestos. Esta suspensión estaba vigente desde 2011 e impedía el reconocimiento de encuadramiento en los distintos grados o niveles de carrera profesional, tanto del personal estatutario como laboral. Además de levantar la suspensión, se dota con 20 millones la cobertura de estos reconocimientos. El objetivo es dar estabilidad a las plantillas para ganar en eficacia y eficiencia y mejorar sus condiciones laborales. Esta medida fue aprobada tras el Debate de la Nacionalidad en 2017 y el Gobierno Clavijo en minoría no ha hecho nada.

Cierre presupuestario. Se modifica la regulación de los cierres presupuestarios para que sea el Gobierno, y no la Consejería de Hacienda, el órgano sobre el que recaiga la decisión. El cierre presupuestario tiene consecuencias directas muy negativas en la prestación de servicios públicos.