La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, exigió este sábado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que desautorice al comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza en Canarias, Santiago Miguel Rodríguez, por sus declaraciones sobre los niños ocultos de Jinámar.

“El hecho de que el nuevo comisionado vincule la situación de estos menores a una situación de pobreza severa es de una enorme gravedad, especialmente habida cuenta de la responsabilidad de este cargo en materia de protección de los intereses del menor”, expone. Para la diputada, las afirmaciones realizadas por Rodríguez representan un ataque al informe de la Fiscalía de Menores y a la labor que realizan los trabajadores públicos, que abogan por que se declare en desamparo a estos cuatro niños que se encontraban sin escolarizar, sin registrar, sin recibir revisiones médicas y sin ser vacunados, pese a tratarse de derechos protegidos en la Carta Magna y que los padres están obligados a garantizar. 

“El comisionado opta en este caso por abandonar el interés mayor de los menores para defender otras cosas”, lamenta. También sostiene que igualmente grave y de una imprudencia manifiesta es que no haya cumplido con el deber legal de reserva de los trabajadores públicos y cargos del Gobierno, así como que haya interferido en la intervención con los menores, pese a tratarse de una investigación que está abierta y que puede concluir con la petición de responsabilidad penal a los padres si así lo determina la Fiscalía.                      

Cruz Oval adelanta que el Grupo Socialista registrará este mismo lunes una petición de comparecencia para que el Gobierno explique en pleno el sistema de protección a la infancia por el que aboga. Afirma que mezclar pobreza con desamparo infantil es una irresponsabilidad por parte de cualquier representante público, porque lo único que se logra con ello es alarmar a la sociedad. A su juicio, de las declaraciones del comisionado se desprende que él mismo se está replanteando el sistema de protección a la infancia en esta Comunidad Autónoma, operativo desde 1997 con la  Ley de Atención al Menor. 

“Todas las personas que trabajan con la infancia y la familia tienen muy claro que no se puede tomar una medida de protección por dificultades económicas de los padres, pero parece ser que esta premisa tan básica la desconoce el nuevo comisionado”, explica. 

La diputada señala que existen ayudas de las administraciones públicas para asegurar que se garanticen las necesidades básicas de los menores, “pero lo que este representante político hace es relativizar la negligencia de los padres en cuestiones tales como registrar a los niños, ponerles las correspondientes vacunas, cumplir con un seguimiento sanitario y su escolarización”. Subraya que esos tres indicadores “sí apuntan a una situación de desprotección infantil y están claramente definidos en el sistema de protección a la infancia en Canarias”. 

Para Cruz Oval, las declaraciones en las que el comisionado utiliza la pobreza para justificar una grave negligencia crean un preocupante precedente. “Si damos por válido el dato de que el 37 por ciento de la población canaria está en una situación de pobreza, lo que él viene a decir es que no importa que no manden a sus hijos al colegio, que no sean registrados, que no reciban atención sanitaria, es decir, que no importa en absoluto la desprotección de los niños ni la dejación de los deberes los padres”, remarca.

La parlamentaria del PSOE hace hincapié en que, “de un pincelazo, está poniendo el sistema de protección de la infancia en épocas pretéritas, priorizando a los progenitores frente a los menores y cargándose en mil pedazos el interés superior del menor”. Explica que este planteamiento “representa la idea de la derecha de que ‘menos mal que hay pobres que no pueden cumplir con sus deberes para que haya ricos que vengan a salvarnos’”.

Teresa Cruz recuerda que a ninguna familia se le retiran sus hijos por ser pobres e indica que la situación de desamparo de los menores es una decisión técnica que se basa en criterios objetivos. Agrega que lo que hace la administración es garantizar los derechos de los niños, insiste en la irresponsabilidad de este representante público por poner en duda la labor de los técnicos y advierte de que este tipo de declaraciones no hacen sino sembrar dudas entre las personas que necesitan de una ayuda que los servicios sociales les pueden y deben ofrecer.