El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, que realizó la pasada semana una visita a Madrid para trabajar sobre los temas de la agenda canaria, constata “que el Gobierno central cumplirá con la firma de los convenios, cuya corresponsabilidad es del Gobierno de Canarias”. Es decir, “exigiremos al Gobierno de Canarias y estaremos vigilantes para que el Ejecutivo regional cumpla con la parte que le corresponda”, insistió Torres.

Manuel Martínez, responsable de recursos hidráulicos de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE canario, señala al gobierno autonómico “como responsable principal del retraso que acumula nuestra comunidad en materia de agua por el embudo burocrático que paraliza la planificación”. “Bordeamos siempre los incumplimientos, con el riesgo que ello supone para seguir recibiendo fondos europeos para corregir nuestros déficits en materia de infraestructura”, lamenta Martínez.

“El retraso con el que el Gobierno de Canarias afronta todas y cada una de las etapas en la normativa sobre tratamiento de agua tiene que acabar”. Martínez subraya el compromiso del Estado con las infraestructuras necesarias en Canarias dotándolas de financiación. “A este compromiso estatal tiene que venir ligado una corresponsabilidad de las administraciones canarias, que se han mostrado incapaces hasta ahora de desarrollar los planes hidrológicos en tiempo y forma”. El responsable socialista recalca que ya estamos en período muy avanzado del segundo ciclo del plan (2015-2021) y aún no se ha aprobado por parte del Gobierno de Canarias. “Lamentamos que vuelva a pasar lo mismo que ya sucediera con el primer ciclo del plan que se aprobó in extremis en 2015, justo cuando concluía su período de aplicación”, añade.

Ángel Víctor Torres afirma que esta es la realidad de un gobierno que hace muchos aspavientos ante la opinión pública para reclamar unos fondos que luego “parece que no sepa gestionar”: “son muy importantes los fondos, pero, más importante aún, es el seguimiento que se les haga: cómo se invierten y qué resultados ofrecen”.

Martínez entiende que la exigencia en el cumplimiento debe ser máxima porque nos jugamos mucho como se ha acreditado con la multa impuesta a España por los incumplimientos en materia de aguas que “también afectan a Canarias”. “Estamos preocupados además por un incumplimiento similar en la materia de los planes de Riesgo de Inundación que aún no han sido aprobados; tardando el Gobierno de Canarias casi dos años en pronunciarse  sobre el documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica, forzando el incumplimiento de cualquier plazo europeo”, subraya Martínez.