Rodríguez cree que esta vía es, ahora mismo, la única opción posible para desbloquear un asunto que compromete el equilibrio presupuestario, aboca a las autonomías al incumplimiento del objetivo de déficit público y pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad.

El vicepresidente se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios de comunicación después de conocerse el informe de la Abogacía del Estado que considera inviable que un Gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado pueda abonar esos anticipos por impedimentos legales, que en el caso de Canarias ascienden a 223 millones de euros.

“La única salida a este atolladero es que los grupos parlamentarios o el propio Gobierno central promuevan una iniciativa legislativa para permitir el pago de estos fondos, a través de una modificación legal, si se quiere de carácter excepcional”, subrayó.

El vicepresidente recordó que las Cortes aprobaron el año 2011 una reforma de la Constitución en apenas un mes, “por lo que no veo impedimentos para tramitar una ley exprés que dé respuesta a la delicada situación económico-financiera de las comunidades autónomas”.

Rodríguez señaló que el problema afecta a quince autonomías y que su resolución debe trascender de la discusión partidista, porque están en juego los 7.000 millones que el Estado les adeuda en conjunto y la prestación de servicios básicos.

“Es difícil que alguien se pueda oponer a una solución de este tipo si jurídicamente es posible, dada la magnitud del problema”, argumentó el vicepresidente, quien sostuvo que “si el Ejecutivo no puede resolver un problema por una dificultad legal, el Legislativo debe actuar para dar respuesta a una necesidad objetiva de quince comunidades autónomas, cuyas cuentas están seriamente comprometidas”, dijo.