Pese a que declinaron dicha solicitud aportando unos datos económicos totales, los cuales son insuficientes para cubrir el coste total del Servicio. La Fesp-UGT está preocupada porque Aeromédica Canaria SLU haya sido la única empresa del sector en manifestar la falta de presupuesto.

Desde laFesp-UGT también se advierte que dicha empresa lleva prestando dicho servicio más de dos décadas en la Comunidad Autónoma y son perfectos conocedores de los diferentes gastos. Que estos se hayan hecho público abren la puerta de atrás a que empresas con el afán de abrirse mercado en las Islas y querer prestar el servicio en las mismas, realicen una baja temeraria de la licitación. Por lo que entienden que si se dan los datos económicos exactos de una empresa con la envergadura de Aeromédica Canaria SLU, que recurre los pliegos de licitación con el argumento que el presupuesto de GSC es inferior, se puede entender que el servicio de Transporte sanitario se está subastando.

Beneficios a costa de los trabajadores

Desde la Fesp-UGT se quiere dejar patente que cuando un servicio público se externaliza, el margen de beneficios que obtiene lo hace a consta de rebajar las condiciones laborales de sus trabajadores, que son los que sustentan estos beneficios. Solo hay que recordar que en la actualidad se trata de un servicio anulado desde 2011, que se vencía en 2013 y que fue prorrogado hasta 2015, según bases de licitación y que continúa en la actualidad en precario. Y como colofón, se ha ampliado la vida útil de las ambulancias de 8 a 10 años y prorrogado esta última, a los 12 años. Esto, entendemos desde UGT que rebase todos los límites legales.

Es por todo ello, este acto de temeridad por parte de Baltar ha viciado de nulidad el concurso. Por ello, instamos al Gobierno de Canarias a paralizar la licitación y deje al próximo Gobierno dicha tarea.
Ivan Amador, responsable del área de Ambulancias de UGT Canarias, insta a realizar los informes económicos y jurídicos pertinentes, aprobados por todos los Grupos Parlamentarios en la Proposición No de Ley de la Comisión de Sanidad del pasado 21 de marzo.

Desde el sindicato consideramos que este texto extraído de la propia licitación pone a valorar el ahorro de costes que supondría la internalización del servicio para las arcas públicas.