“No solo Canarias, sino todas las Comunidades autónomas están muy molestas por estas declaraciones, que nos hace pensar que todas las convocatorias a las que están siendo convocadas las Comunidades en Madrid para hablar precisamente de financiación en materia de Dependencia, no tienen ningún sentido”, aseguró Valido.

Para la consejera de Políticas Sociales, “es muy grave lo que ha dicho ya que, además, no corresponde a la verdad ya que en Canarias se destina para la financiación a la atención a la Dependencia, un total de 192 millones de euros en el 2016, de los que el Estado aportó 26 millones, o sea, el 13,86%”. Hay que aclarar que en los presupuesto de la Comunidad autónoma de Canarias para 2017 se consignan algo más de 142 millones de euros para la atención a la Dependencia en Canarias, a los que hay que sumar la financiación aportada para los convenios que se firman anualmente con los siete Cabildos insulares en materia de Dependencia, por lo que el montante global para la atención a la Dependencia en Canarias asciende a 192 millones de euros.  

Hay que recordar que existe una proposición no de ley para Instar al Gobierno de Canarias a defender en el seno de la reunión del consejo de Política Fiscal y Financiera para que la financiación de la dependencia incluidos en el artículo 6 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, tenga un carácter finalista ya que, en la actualidad, la financiación específica de la dependencia está constituía por el nivel mínimo de protección, a cargo del Imserso, que supone tan solo el 19,7% a cargo del Estado. 

De esta forma, la afirmación de Garcés de que “el Estado está aportando el 50% de los recursos del sistema de la dependencia” no corresponde a la realidad ya que la única financiación afectada que recibe Canarias por parte del Estado para el Sistema de Dependencia es que la que deriva la Ley 39/2009, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, en la que se consigna una aportación por parte del Estado de 26 millones de euros para 2017, es decir, un 13,86%, y no un 50%.