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jueves, 28 de marzo de 2024 19:09h.

Acuerdo en pro de la regularización de la profesión de educador/a social en Canarias

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias y la Federación de Enseñanza de CCOO. Canarias sellan un acuerdo de colaboración que facilite el impulso de la regularización de la profesión con objeto de fijar definitivamente las condiciones laborales, tareas, funciones y formación académica de quienes desarrollan su actividad profesional en éste sector.

Firma del acuerdo FECCOO - Colegio Oficial de Ed_Fotor
Firma del acuerdo FECCOO y Colegio Oficial Educadores Sociales de Canarias

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Canarias y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias comparten el interés, la dedicación y la preocupación por la coyuntura social, laboral y académica en la que se circunscriben las intervenciones socioeducativas con usuarios en el marco de la acción e intervención social, en los ámbitos de la reforma juvenil y la protección de menores y de la atención a personas con discapacidad, o que se desarrollan directamente  desde las diferentes Administraciones Públicas.

Si bien es cierto que los caducos modelos asistenciales, comenzaron a superarse en nuestra comunidad autónoma a finales de los 90 mediante diferentes leyes, decretos y órdenes y que se han ido asentando unas bases más modernas del modelo de gestión y organización en la atención a usuarios, menores o personas con discapacidad, no menos cierto es que no se han concretado las funciones, titulaciones y perfiles de los profesionales de estos sectores, paradójicamente en la parte de la acción social que tiene la consideración de derecho fundamental en la Constitución Española: la Educación, y particularmente, la Educación Social.

Podemos concretar algunos de los fundamentos que han ayudado en la profesionalización de la Educación Social en Canarias:

La publicación de diferentes Convenios Colectivos que han venido a regular las condiciones   laborales y sociales de las Educadoras y Educadores Sociales.

La Consolidación de la titulación universitaria de Educación Social.

La Creación del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias  (CEESCAN) y la aparición de directivas europeas que regulan los contratos públicos en el Tercer Sector.

Las normativas que regulan los contratos públicos en el Estado.

 Las indicaciones y orientaciones del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

Los marcos normativos establecidos  en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, etc.

Ante la situación actual, es necesario afrontar con decisión y garantías, para los actuales y los futuros profesionales de estos sectores, la regularización de la profesión con el objeto de fijar definitivamente las condiciones laborales, tareas, funciones y formación académica de quienes desarrollan su actividad profesional en éste sector. En vista de todo ello, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias sellan un acuerdo en el que ambas partes se comprometen a trabajar conjuntamente en cuestiones como:

El reconocimiento de la categoría profesional de Educador y Educadora Social como la del profesional que lleva a cabo la intervención socioeducativa directa y especializada en los ámbitos de la Acción e intervención Social, la protección de Menores y la Reforma Juvenil y de la atención a personas con discapacidad.

Instar a que la Administración Pública y las entidades colaboradoras que gestionen centros, programas y/o recursos en estos sectores reconozcan al profesional de la educación social como el personal de atención directa en los ámbitos ya descritos.

Establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores que actualmente desempeñan su labor profesional en Canarias en el ámbito de la Acción e Intervención Social, así como en los sectores de la Reforma Juvenil o la Protección de Menores, o de la Acción e Intervención Social y de la atención a personas con discapacidad, con una antigüedad igual o superior a 2 años mantengan sus puestos de trabajo con las mismas funciones y retribuciones salariales que vinieran realizando y disfrutando y que hayan sido pactadas en los convenios colectivos de aplicación,  así como las mejoras que en ellos se pacten para la categoría de Educador y Educadora Social.

Disponer los mecanismos que permitan que las nuevas contrataciones en estos ámbitos se realicen exclusivamente bajo la categoría de Educador Social.

Relevar progresivamente las categorías diferentes a la de Educador Social,  bien  por  la  jubilación de los trabajadores o cuando estos cumplan los requisitos legales establecidos  para el desempeño de la profesión de Educador Social en Canarias.

Modificar los diferentes Catálogos Profesionales en los convenios colectivos de aplicación, para que el personal que en la actualidad ocupe la categoría de Educador, o que bajo otra denominación realice funciones establecidas para la categoría de Educador Social, sea sustituida progresivamente por la de Educador Social, pasando las categorías actuales a extinguir, sin permitir nuevas contrataciones en ellas.

Apoyar la creación de una Ley de Educación Social como garantía de intervenciones socioeducativas de calidad, que redunden en su efectividad y en el impacto en los usuarios, a la par que evite el intrusismo profesional y la precarización de los trabajadores.

Impulsar la creación de una mesa tripartita donde estén representadas las administraciones públicas, organizaciones sindicales y patronales y que cuenten con el asesoramiento del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias, en lo referente al desempeño profesional de la Educación Social, así como en el desarrollo de los marcos normativos y reguladores de las intervenciones socioeducativas.

Establecer mecanismos de interlocución directa y permanente entre los firmantes para la consecución de sus objetivos.

Sumar a este acuerdo a toda aquella organización, administración o colectivo que comparte la necesidad de la realización de intervenciones socioeducativas profesionales y de calidad y que evite el intrusismo profesional y la precarización de los trabajadores.