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10:14h. Martes, 11 de Diciembre de 2018

La Administración educativa incumple en materia de prevención de riesgos laborales

Hace ahora un año, en noviembre de 2017, que Comisiones Obreras, en su empeño de proteger la salud de las y los docentes, se vio nuevamente obligada a presentar denuncia ante la inspección de trabajo de ambas provincias por incumplimiento del acuerdo de mínimos pactado entre la representación de la Federación de Enseñanza CCOO Canarias y la representación de la entonces Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a raíz de una denuncia anterior presentada con fecha 19 de marzo de 2014 por nuestra organización ante incumplimientos graves de la Ley de prevención de riesgos laborales por parte de la Administración educativa.

 

CC.OO RUEDA DE PRENSA
CC.OO RUEDA DE PRENSA

En concreto la Consejería ha incumplido con los siguientes aspectos de aquel acuerdo:

1. Mantener la periodicidad de las reuniones del Comité Sectorial de Seguridad y Salud de centros educativos, como vía de participación y consulta entre la Administración y los Delegados de Prevención.

Dichas reuniones se debían celebrar con una periodicidad trimestral pero apenas se han convocado una vez al año, en el mejor de los casos, habitualmente  a la finalización del curso, impidiendo así su desarrollo como órgano ágil de debate y participación para la implantación de la actividad preventiva, como establece la propia Ley de Prevención de Riesgos Labores en su artículo 38. Esta circunstancia propicia la falta de toma de decisiones que garantice la aplicación de los principios de la actividad preventiva.

2. Dotación de RRHH del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Transcurridos tres años desde la denuncia presentada no se ha producido incorporación alguna de personal al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ni se ha establecido como área prioritaria para incorporación de nuevas técnicas/os de prevención para ampliar así  el servicio de prevención propio de la Consejería de Educación.

Esta circunstancia supone la imposibilidad de que el servicio de prevención cumpla con todas las funciones establecidas en el Real Decreto 39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y lo recogido en la Orden TIN/2504/20 10 de 20 de septiembre, donde se establece el ratio de recursos humanos con los que debe contar los Servicios de Prevención.


3. Presentación, para su estudio y debate, del proyecto de Plan Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de Educación.

El desarrollo del Plan Sectorial de Prevención de Riesgos, se debe basar en el  cumplimiento del artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos laborales y evaluar los riesgos que no se puedan evitar y combatir los riesgos en su origen.

Por ello, se debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta con carácter general, la naturaleza de la actividad y las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

No se dispone de una programación del desarrollo de las evaluaciones de riesgos de los centros educativos de Canarias, aún siendo una obligación legal y demandada por la representación legal de los trabajadores/as, bajo la excusa de falta de recursos.

4. Falta de evaluaciones iniciales de riesgos de los centros educativos.

La Consejería de Educación no ha realizado las Evaluaciones iniciales de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta circunstancia vulnera el derecho a la protección frente a los riesgos laborales. El artículo 14 de la LPRL establece que el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección.

Por ello, es fundamental contar con las evaluaciones de riesgos de los diferentes centros de trabajo y la planificación de las medidas preventivas para reducir la exposición a los riesgos. Para realizar un control efectivo de las condiciones de trabajo que puedan suponer un riesgo para la salud.

Una vez practicadas las averiguaciones por parte de la Inspección de trabajo de ambas provincias, han concluido con sendos informes que pone de manifiesto la nefasta actuación de la Administración educativa en materia de prevención de riesgos laborales y se le requiere para que subsanen en un plazo de 9 meses los defectos observados.

Durante la fase de averiguaciones se confirma que el Servicio de Prevención Propio de la Consejería de Educación se constituyó en el año 2009, si bien entró en funcionamiento por Decreto 168/2009 en el 2010, y la dotación de personal del mismo es de 4 Técnicas/os Superiores, 2 de ellos para la provincia de Las Palmas y 2 para la provincia de Tenerife (una de los cuales se encontraba en aquel momento de baja por maternidad). Esta dotación es la que refleja la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Educación respecto a la Unidad de PRL.

Por tanto se cuenta con 4 Técnicos en toda la Comunidad Autónoma para realizar las necesarias y obligatorias Evaluaciones de Riesgos Laborales y las correlativas Planificaciones de la Actividad Preventiva, de aproximadamente 1.000 centros de trabajo (unos 512 centros en la provincia de las Palmas y 488 en la de S/C. de Tenerife) y unos 26.500 trabajadoras y trabajadores (14.056 en la provincia de Las Palmas y 12.444 en la de S/C.de Tenerife).

Durante el desarrollo de la actuación inspectora se informa que se han realizado Evaluaciones de Riesgos Laborales en 6 centros de trabajo en la provincia de Tenerife y 8 en Gran Canaria (en algunos de ellos de carácter parcial, evaluando determinados puestos y otros no).

Se constata igualmente que en al menos el 50% de los centros docentes existe el coordinador en prevención de riesgos laborales, figura propuesta por CCOO en anteriores demandas, que tiene nivel básico de formación preventiva, si bien, no todos. Esta figura no hace, en ningún caso evaluaciones de riesgos, pero si check list estándar para detectar riesgos.

En el requerimiento que ha emitido la Inspección de Trabajo de ambas provincias, se da un plazo de 9 meses para subsanar las deficiencias e incumplimientos de la Consejería y se reflejan la siguientes medidas:

- Mantener la periodicidad de las reuniones del Comité Sectorial de Seguridad y Salud como vía de participación y consulta entre la Administración y los Delegados de Prevención. Dichas reuniones se celebrarán con la periodicidad trimestral con las que se vienen convocando hasta la fecha.

- Continuar profundizando en las medidas propuestas por la Dirección General de Personal para mejorar la dotación de RRHH. del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en especial:

La propuesta para declarar el área de Prevención de Riesgos Laborales como área prioritaria mediante Acuerdo de Gobierno.

La propuesta para habilitar, hasta tanto no se disponga de los técnicas/os necesarios, a funcionarios de otros cuerpos con la titulación correspondiente para desarrollar las funciones de Técnicas/os en Prevención mediante la fórmula de atribución temporal de funciones.

Aumentar el número de Técnicas/os del Servicio de Prevención en cantidad suficiente para el desarrollo de sus obligaciones. Esto es: 5 técnicas/os en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 7 en la provincia de Las Palmas. 

- Realizar la planificación o programación correspondiente para ir realizando las obligatorias Evaluaciones de Riesgos Laborales en los centros de trabajo que actualmente carecen de ella.

- Presentación, para su estudio y debate, del proyecto de Plan Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de Educación en el próximo Comité Sectorial de Seguridad y Salud.

CCOO exige a la Consejería de Educación el cumplimiento de este nuevo requerimiento de la Inspección de trabajo y que se realicen las actuaciones exigidas en los plazos fijados. CCOO estará vigilante para actuar de forma más contundente  en caso de un nuevo incumplimiento.