A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse PROGRESIVAMENTE, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, COMO MÍNIMO en el 5% del producto interior bruto.” 

Asimismo, la disposición adicional sexta de esta Ley establece: “La administración educativa canaria, de forma similar al resto de las comunidades autónomas del Estado, RECONOCERÁ Y RETRIBUIRÁ al profesorado de Canarias en los términos que se definan en los órganos de negociación correspondientes.” (Estos términos se definieron en un acuerdo firmado y publicado en el BOC. Ahora el gobierno pretende incumplirlo).

En 2017 el gasto público en España fue del 41% del PIB, una de las inversiones más bajas de la Unión Europea (UE), inversión ésta muy alejada de la media de Europa que es del 45,8%.
España está entre los 5 ó 6 países de la UE que menos invierte en educación, en los últimos años ha oscilado entre un 4% y un 4,1% del PIB.

Suponiendo a Canarias como un país de la Unión Europea, podríamos concluir que es el penúltimo en inversión, sólo estaría por encima de Bulgaria.

Estos datos ponen de manifiesto la envergadura del abandono en el que han mantenido a la Educación Canaria los gobiernos de los últimos 20 años, pues la pérdida de 6,75 puntos porcentuales significa que el presupuesto para el año 2020 debería ser de 2.367,2 millones de euros, o sea, 518,2 millones de euros más que lo recogido en el anteproyecto de presupuestos para el año 2020 (1.848,9 millones de euros).

La cuantía presupuestaria que debe corresponder al presupuesto para el 2020, según la LCE, es del 4,67% del PIB, o sea, 2.240,76 millones de euros, en fin, 391,8 millones de euros más que lo proyectado por este Gobierno para 2020. 
La deuda que se ha ido acumulando desde el 2015 hasta el 2020 asciende a 1.699,12 millones de euros. 

Por todo ello, CCOO exige que la inversión para educación en 2020 sea del 4,67% del PIB previsto, o sea, 2.240,76 millones de euros, y no los 1.848,99 millones de euros del proyecto presupuestario.
En CCOO Canarias no queremos ni podemos olvidar que, de todas las inversiones, la más rentable para la sociedad es siempre la que se realiza en Educación. Ese fue el compromiso del Pacto Social, Político y Económico por la Educación. En consecuencia, eso es lo que establece la Ley Canaria de Educación y por ello CCOO exige que se cumpla lo establecido por Ley, acatando tanto el artículo 72.3 como la disposición adicional sexta.

Por último, recordar que Canarias es la última comunidad autónoma a cuyo profesorado se le ha reconocido el complemento por formación permanente, los sexenios, y que según establece la LCE se debe reconocer y retribuir en los términos que se han definido ya en el acuerdo de mejora del marco retributivo del personal docente de Canarias firmado el 1 de septiembre de 2017, por lo que no caben excusas. Hacer lo contrario sería incumplir una Ley a sabiendas de que ello puede ser considerado como una injusticia más contra los derechos de un profesorado al que se le ha condenado a cobrar unos sexenios que no son precisamente de los mejores del estado y que han llegado con más de 12 años de retraso. 

Demandamos el abono de los sexenios pactados, en cumplimiento de la LCE, para el año 2020, por lo que se hace necesario la incorporación de dichas cantidades al anteproyecto de Ley de presupuestos.

Desde CCOO exigimos que se cumpla rigurosamente con la LCE no universitaria.

También resaltamos que el último Título de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) está dedicado a los recursos económicos, formado por tres artículos. El primero de ellos contiene un mandato para garantizar la consecución de los objetivos marcados por la propia norma, pero lo hace de un modo impreciso, lo que dificulta saber qué partidas concretas deben ir plasmadas en el presupuesto público.

Es en el segundo apartado donde se ordena un aumento progresivo del gasto en educación durante los diez años siguientes a la promulgación de la LOE que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación a la media de los países de la Unión Europea.