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04:50h. miércoles, 25 de noviembre de 2020

Comunicado de la Fundación Internacional de Derechos Humanos por la crisis migratoria en Canarias

Con motivo de la Crisis Migratoria que están padeciendo las Islas Canarias, nos dirigimos a ustedes para expresar la posición oficial de la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias.

Cerca de veinte mil personas migrantes han llegado este año por vía marítima.
Cerca de veinte mil personas migrantes han llegado este año por vía marítima.

En estos momentos, las Islas Canarias están sufriendo una de las crisis migratorias más importantes de las últimas décadas con un registro, según nuestros datos, de cerca de veinte mil personas migrantes llegadas este año vía marítima. Esta situación se ha agudizado por la virulencia con que la pandemia ha atacado a los tejidos básicos sociales y económicos de las Islas y la publicación del Real Decreto que se estableció el Estado de Alarma y su posterior gestión que no han mejorado la situación.

El equipo técnico de la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias que ha estado realizando el seguimiento de la crisis migratoria se estructuró a finales del año 2019, cuando se recibió la información y se constató que, los migrantes menores llegados a las Islas Canarias, estaban siendo separados de sus padres, por falta de espacio en los CIE de las Islas Canarias. Uno de los motivos que propició esta situación fue el cierre hasta el día 24 de septiembre de 2020 de los CIE de Barranco Seco y Hoya Fría, permaneciendo a día de hoy cerrado el CIE de la isla de Fuerteventura, por parte del Ministerio del Interior (este centro permanecía vacío desde 2012 y que se clausuró definitivamente en junio de 2018), y porque no se dio, tras su cierre, una alternativa ante una posible oleada de migración. A la vez que tampoco se creó ningún plan de contingencia o de emergencia para uno de los problemas más acuciantes que tienen las Islas Canarias, por su situación geográfica e histórica.

Según viene establecido en el Art. 62.4, de la Ley de Extranjería, se puede prever que los menores migrantes vayan a los CIE, siempre y cuando existan módulos que garanticen la unidad y la intimidad familiar, Art. (62.bis i). Sin embargo, nuestras fuentes de información contrastada comunican a la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias, que se estaban aplicando en determinados momentos la separación de los menores de sus padres. Sin embargo, el Art. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determina, para todos los niños y niñas, que los Poderes Públicos tienen el deber de garantizar que no sean separados de sus padres. En contra de lo que especifica el Art. 9 de la Convención, la situación ha provocado que muchos de esos menores hayan sido separados de sus progenitores al ser enviados a los CIE, a lo que nuestras fuentes de información han añadido que en los CIE se da un contexto, si cabe, de mayor desamparo de los menores, al estar expuestos a posibles episodios de agresión físicas y/o psicológica.

El 31 de agosto del presente año, la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias volvió a verificar que la situación de los migrantes en las Islas Canarias había empeorado por la falta de espacios habilitados al efecto, y que muchos de los menores seguían siendo separados de sus padres por parte de las Autoridades competentes, amparados en la excepcionalidad de una norma que permite la separación de los menores de sus padres por un supuesto interés superior del niño y siempre bajo la dirección de la Fiscalía, haciendo de la aplicación excepcional de la Ley de Extranjería (Art. 62 bis i), lo habitual. El 3 de septiembre el Gobierno de Canarias empezó a redirigir a los menores migrantes a hoteles cedidos, gracias al gremio hotelero sin indicar públicamente bajo qué tutela o control estarán regidos.

En estas últimas semanas, la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias ha tenido constancia que la situación de los migrantes en general en las Islas Canarias ha seguido deteriorándose y que los derechos fundamentales de los migrantes se han estado violando sistemáticamente, hechos que han sido denunciados. Estos migrantes han sido alojados en campamentos improvisados que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano, encontrándose hacinados en carpas, sin apenas capacidad de movilidad, con el mínimo de recursos para su supervivencia y siendo retenidos en esas condiciones cerca de veinticuatro días, excediendo, por tanto, las 72 horas que establece la Ley como máximo en su artículo 61.1.d cuando, indicando las medidas cautelares que se pueden adoptar cuando se incoe un procedimiento sancionador dice que, se podrá adoptar la “Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.”.

Ante el desbordamiento de los campamentos improvisados para migrantes, en las últimas horas se han liberado a cientos de migrantes en la isla de Gran Canaria, produciéndose además desplazamientos a otras islas sin control administrativo, sin ningún tipo de garantías sociales, sanitarias, sin posibilidad de vivienda o alojamiento, sin tener regularizada su situación con la administración pública, ni capacidad de sustento o acceso a productos alimenticios de primera necesidad. Generando un estado de enorme desamparo para los migrantes y eliminando el acceso a sus derechos básicos como seres humanos.

Desde la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias exhortamos a que se luche contra la trata de personas y que los organismos estales pertinentes hagan caso a las voces de los representantes públicos canarios y de la ciudadanía canaria, en general, que exigen una solución inmediata, con control de la inmigración y de las fronteras, aplicación coercitiva de la ley a los traficantes de personas, acopio de información confidencial, amparo del poder Judicial, así como acatamiento a la Legislación nacional e internacional y apoyo en los mecanismos habilitados el efecto por la Diplomacia Internacional; así mismo es fundamental y necesario que se mejoren la infraestructuras actuales, las estrategias y que se cree un plan de contingencia para poder articular los servicios sociales y humanos imprescindibles, además de la atención médica y psicológica necesaria para dar una respuesta real, a un problema real.

Solicitamos que se establezca una gestión financiera práctica, con información pública y transparente, para la gestión de la crisis, con la capacitación de personal de los CFSE y con una política de comunicación que repercuta en las percepciones y opiniones del público. Desarrollando un plan de comunicación, pedagógico, de integración y convivencia, dirigido a la ciudadanía, en lo que se refiere al control de la migración, las diferencias étnicas y nacionales, la prostitución, el exceso o escasez de mano de obra, las normas culturales relativas a los cuidados infantiles, al trato dado a la mujer, la corrupción, y todo tipo de delincuencia organizada relacionada con los migrantes, no dando pie a la apología del racismo ni de la xenofobia, rechazando cualquier tipo de manifestación de odio, discriminación y, bajo ningún concepto, nunca alimentando el conflicto social o étnico.

La Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias apremia a que los organismos públicos den respuesta a esta situación de forma inmediata. La ciudadanía de manera unilateral no puede, ni merece ser la responsable última de esta situación por la inacción de los poderes y organismos públicos. Los cargos públicos que han sido designados democráticamente para la gestión de la sociedad deben actuar, tomando la parte de responsabilidad que les corresponde, y solucionar un problema que puede dar al traste con todos los esfuerzos y sacrificios que la población canaria ha realizado en pos de la recuperación social y económica de la región.

 

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