“Se trata de una normativa que conllevó un importante avance en Canarias, si bien, después de los años que han transcurrido desde su aprobación, es necesario seguir avanzando para conseguir una sociedad inclusiva y accesible que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente aquellas personas que tengan una discapacidad física, sensorial o intelectual”, afirmó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en el seno del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. 

En el seno de este órgano consultivo, celebrado hoy con la asistencia del viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil; la directora general de Dependencia y Discapacidad, María del Carmen Marrero, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, así como de  representantes de la Fecam, Fecai, Cermi, Once, Funcasor así como colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros y del sector empresarial, se abordó la propuesta de modificación de la actual Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de Comunicación con el fin, en palabras de Valido, de “desarrollar el programa de trabajo que culmine en la redacción de borrador de proyecto de Ley de Accesibilidad de Canarias”. 

Para ello, explicó la consejera, el Gobierno elaborará un estudio pormenorizado de la Ley y del Reglamento que la desarrolla, con el fin de disponer de la información y evaluar el grado de aplicación de la ley actual, qué objetivos se han alcanzado y cuáles no. Asimismo, se llevará a cabo un estudio comparado en el ámbito europeo y nacional y local, “con el objeto de contar con las herramientas necesarias para elaborar un primer borrador de la nueva Ley que, una vez debatido y consensuado por todos los agentes implicados, se remitirá a Parlamento para su debate y aprobación”, aclaró.

“El objetivo, pues, es diseñar una nueva normativa que adapte toda la legislación vigente en materia de accesibilidad a la normativa estatal, estableciendo criterios más específicos relativos a la erradicación de barreras tanto físicas como de comunicación, que faciliten a las personas con discapacidad acceder en condiciones más igualitarias, para ello, debemos contar con unos mayores niveles de accesibilidad que procuren el acceso de las personas con discapacidad de todo tipo en igualdad de condiciones a todos los bienes sociales”.

Asimismo, desde el propio Consejo se hizo una reflexión crítica sobre la necesidad de incrementar el grado de exigencia en cuanto al cumplimiento por parte de las Administraciones públicas de la normativa de Accesibilidad así como de volver a comprometer presupuesto en la lucha contra las barreras. 

En este punto, se hizo referencia al impulso por parte de la Consejería de un conjunto de  actuaciones dirigidas a fomentar la accesibilidad de las viviendas, entre las que se incluyen dos líneas de subvenciones con el fin de mejorar la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas; por un lado, una dirigida a mejorar de la accesibilidad de la vivienda unifamiliar y otra línea de ayudas destinada a sufragar los gastos de la ejecución de pequeñas obras de mejora de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, ambas destinadas a apoyar a las personas con movilidad reducida en la adaptación del interior de sus casas a sus necesidades. 

El Consejo es un órgano de asesoramiento y consulta que cuenta con representación de las distintas Administraciones, Gobierno de Canarias, FECAI y FECAM, así como de las Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Federación de Sordos,  Confederaciones de Empresarios de las Islas y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.