Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias. El texto de las sentencias, que dejan a millón y medio de hipotecados sin recuperar el impuesto, se conocerá en los próximos días, según un comunicado del tribunal.

En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.

El fallo le costó a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala a convocar un pleno que comenzó este lunes y que se ha prolongado durante cerca de 16 horas. La decisión causó confusión incluso en la cúpula judicial. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, explicó el pasado 22 de octubre que la sentencia que atribuía a la banca el impuesto de las hipotecas era "firme y no susceptible de revisión", produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio".

Lesmes indicó en un comunicado que la sentencia era "firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio". De hecho Lesmes, días después, durante una jornada de puertas abiertas, se disculpó y admitió que no se había gestionado bien "todo este caos". Según La Sexta, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, se inclinó durante el debate por una solución intermedia: que los bancos pagaran el impuesto pero sin retroactividad, es decir, solo a partir de que se dictara la sentencia.

Ante la oposición de varios de los 28 magistrados, el presidente adoptó la postura de volver a la antigua jurisprudencia Decisión "aberrante".

Tras la decisión se han producido las primeras reacciones. La organización de consumidores Facua la ha calificado de "aberrante" y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión de Díez Picazo por su "gestión pésima". Por su parte, el líder de Podemos Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a la "movilización cívica".

De hecho, Podemos e Izquierda Unida ya han convocado a una manifestación frente a la sede del Supremo en Madrid el sábado a las 18.00 h. El presidente del PP en Cataluña, Xavier García-Albiol, también se ha manifestando en contra de la decisión, tachándola de "grave error". Sin embargo, el portavoz de Economía del PP en el Senado y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, ha valorado que se haya acabado la "confusión" de la sentencia sobre las hipotecas.  

Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho en los pasillos del Senado que "hay que respetar" las resoluciones judiciales. El Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre la decisión del Supremo tras analizar con detenimiento esta resolución.

Alivio a las CC AA La decisión del Supremo libra también a las comunidades autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros, correspondientes a los créditos suscritos desde 2014. Incluso este lunes, el Gobierno había adelantado que estudiaría "algún tipo de ayuda" para las comunidades autónomas en caso de que el fallos les afectase.

Los máximos responsables de la banca nacional también adelantaron horas antes de la noticia que el fallo no obligaría a hacer dotaciones extraordinarias sino únicamente ajustes en su oferta comercial. Es el caso de CaixaBank, cuyo consejero delegado, Gonzalo Gortázar, descartó aumentar sus provisiones a cuenta de beneficios, y aseguró que, de imponerles finalmente este impuesto, adaptarían su práctica en el mercado hipotecario, aunque "quien no ha hecho algo mal no debe ser penalizado por ello". También Bankia, que no contemplaba "un escenario diferente" al perfilado en los últimos años por el Supremo, y el Banco Sabadell, que argumentaba que no tendría "ningún sentido" aplicar la retroactividad al impuesto de las hipotecas.