Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, asegura que "la nueva ley ofrecerá un marco legal para que las entidades puedan desarrollar  su labor mediante figuras jurídicas como el convenio, el contrato y sobre todo la nueva figura del concierto social, mucho más estables desde el punto de vista de la financiación". Cabe recordar que además 2017 será el último año en el que la Intervención de la Comunidad Autónoma permita la subvención nominada a las entidades del Tercer Sector.

La nueva ley contempla el llamado concierto social, una figura contractual a la que solo se pueden adherir las entidades del Tercer Sector, que participarán y colaborarán con la administración pública de forma destacada en la Cartera de Servicios. La Ley dedica todo un título a regular la financiación y modelos contractuales  con las entidades sociales, estableciendo el principio de discriminación positiva, eso sí,  respetando la libre concurrencia y trasnparencia.

Los requisitos de las entidades para poder firmar conciertos sociales son entre otros, haber   obtenido la oportuna autorización administrativa, estar inscritas en el correspondiente registro de entidades, centros y servicios sociales o ser entidades colaboradora de la Administración, y desde luego acreditar  la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el servicio.

El texto legal ha querido tener en cuenta la experiencia  del Tercer Sector , por ello se han establecido entre los criterios  para la formalización de los conciertos sociales determinadas medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y de trayectoria acreditada.

Para la elección de las entidades que colaborarán en materia de servicios sociales se valorarán los méritos y capacidades como la implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, los años de experiencia acreditada, la buena valoración de las personas usuarios de los servicios sociales, las certificaciones de calidad y  los informes de buenas prácticas, no sólo en el ámbito del servicio, sino también mejoras para los trabajadores.