Como comentamos en los análisis anteriores, estas cifras no recogen el número de trabajadores que se encuentran en suspenso, al estar en situación de ERTES. Por lo que depende de cómo se articule la salida del estado de alarma y la vuelta a la “nueva normalidad” estas cifras podrían verse altamente incrementadas.

El tejido productivo necesita que se flexibilicen las exigencias que los empresarios tienen ahora mismo al haber utilizado la figura de los ERTES de fuerza mayor, una exigencia asumida en un momento en que se desconocía el marco temporal de la crisis, y su cumplimiento dada la prolongación de la situación, pone en peligro la supervivencia empresarial.

Resulta fundamental intensificar las medidas de apoyo en el ámbito laboral que aporten adaptabilidad y seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, instrumentadas a través del diálogo social, en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en estos momentos.

Entendemos que para poder acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, se deben prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada así como articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las empresas a la paulatina recuperación de la actividad.

Al mismo tiempo, es necesario agilizar la llegada de liquidez a las empresas que sufren una reducción de los ingresos por la falta de actividad y el hecho de tener que seguir afrontando gran parte de sus costes.