En la reunión se ha informado en detalle del proceso de desarrollo y alcance de la ayuda. Valido ha insistido en que “es importante advertir que, aunque se trabaja para poder habilitar el procedimiento de solicitud en el mínimo tiempo posible, los pensionados no deben acudir aún a los Servicios Sociales de sus ayuntamientos, porque aún no se puede iniciar el procedimiento para la gestión de la ayuda”. 

“Les pedimos”, continúa la consejera, “paciencia y comprensión para no bloquear los servicios sociales. Trabajamos desde todos los frentes para que la ayuda les llegue en el menor tiempo posible, pero los ayuntamientos no podrán iniciar ningún trámite hasta que no esté publicada la Resolución”. Valido ha querido destacar también que “Estamos haciendo esfuerzos que van más allá de la Comunidad Autónoma. El senador Pablo Rodríguez ha conseguido un compromiso del Estado para financiar estas pensiones, y estamos haciendo las gestiones pertinentes para que ese dinero extraordinario sea aportado por el Gobierno Central en el menor tiempo posible”.  

Las asociaciones se han mostrado satisfechas y comprensivas y valoran muy positivamente el esfuerzo “pionero” realizado por el Gobierno de Canarias tanto en la Comunidad como en el Senado. 

La Resolución establecerá que a estas ayudas se podrán acoger los pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados, mayores de 65 años, que estuvieran recibiendo la pensión de jubilación venezolana en Canarias, y que no la perciben de forma efectiva de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2015. 

Entre los acuerdos a los que se ha llegado en la reunión está el establecer unos mínimos requisitos para poder acceder a esta ayuda. Fundamentalmente, los solicitantes debían estar cobrando esa pensión y empadronados en Canarias en el momento en que cesó el ingreso, tener residencia permanente en Canarias y carecer de recursos económicos suficientes (ni ingresos, ni activos financieros, ni propiedades). El cumplimiento de estos requisitos estará regulado por el artículo 7 de la Ley 2/2015, al igual que para la Prestación Canario de Inserción (PCI).

“Ya estamos el procedimiento necesario para que esta ayuda se pueda gestionar mediante solicitud regulada en los servicios municipales, con la documentación que justifique los requisitos y, por otra parte, en el Servicio de Pensiones y Ayudas de Integración Social de la Dirección General de Políticas Sociales, se puedan resolver las mismas conforme la normativa establecida”, aclara la consejera, quien señaló que “el Gobierno está haciendo todo lo necesario para acelerar el procedimiento; se informará puntualmente de la apertura del plazo y de iniciación de los trámites de la ayuda en los ayuntamientos”.