Con esta orden firmada ayer 17 de marzo y que entrará en vigor el mismo día que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministro de Sanidad, Salvador Lila i Roca, hace efectivo el ‘cero turístico’ en España.  

Esa suspensión de actividad, como se detalla en el documento, “se producirá en el momento en que el establecimiento no disponga de clientes a los que deba atender, y en todo caso, en el plazo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la presente norma”. 

Como única excepción, el punto segundo de la norma indica que “queda permitida la apertura al público” de aquellos establecimientos turísticos “que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad en los términos que establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

La justificación de esta decisión tan contundente es que la concentración de personas en alojamientos turísticos que deben compartir determinados espacios comunes, "implica un incremento del riesgo de contagio, por lo que dada la situación de restricción en la movilidad de personas resulta necesario, para garantizar la contención de la pandemia, proceder a su cierre”. 

Esas medidas “se extenderán hasta la finalización de la declaración del estado de alarma y de sus posibles prórrogas”, detalla la orden ministerial. Sobre el desarrollo y ejecución de sus determinaciones, el documento concreta que corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.

Por otra parte, esa resolución aclara que con carácter excepcional, “queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos”.

Aunque este 'cero turístico' era inimaginable hace apenas una semana, hoy por hoy da respuesta a las demandas de numerosas voces sindicales, sanitarias y de la patronal hotelera que consideraban paradójico y absurdo que se recluya a la población residente en sus hogares y que, al mismo tiempo, se permita la entrada de turistas así como el funcionamiento de los establecimientos de alojamiento turísticos.