Lavandera preguntó durante la sesión plenaria sobre las medidas para combatir la economía sumergida en el ámbito turístico, sobre el que alertó que ha sido uno de los primeros sectores en sufrir el impacto del coronavirus y posiblemente el que lo sufra con mayor intensidad, “debiendo esforzarnos en mantenerlo en condiciones de competitividad, más aún en la difícil coyuntura que atravesamos”.

El diputado socialista alertó de los efectos de la economía sumergida tanto en el ámbito laboral para el deterioro de los derechos de los trabajadores como para el riesgo reputacional del sector económico, el fraude fiscal y la competencia desleal “para quienes cumplen con el esfuerzo de atenerse a la legalidad”, así como para el sector turístico alojativo y las viviendas vacacionales legalizadas. 

En este sentido, apuntó que en el caso de la vivienda vacacional, puede suponer una oportunidad y una fortaleza para el destino Canarias, pero alertó que “no se puede permitir” que muchas viviendas vacacionales que hacen el esfuerzo por cumplir con sus obligaciones ante la administración, tengan que competir con otras muchas que no la hacen, “generando fraude fiscal, laboral, competencia desleal, inseguridad y un riesgo reputacional que no nos podemos permitir”.

Lavandera abogó por practicar “la política basada en la evidencia”, y no la propuesta de algunos grupos políticos que apuestan por deducciones en el IRPF en relación a los gastos turísticos como incentivo a un mayor gasto pero también como medida para luchar contra la economía sumergida. “Algo que no he leído nunca sugerir a los inspectores de Hacienda cuando proponen medidas de lucha contra el fraude fiscal. Y desde luego, teniendo en cuenta que la liquidez de la medida no la notaría el contribuyente hasta la presentación de la renta dentro de poco menos de un año, también dudo de su capacidad incentivadora”.

El diputado socialista destacó las medidas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno de Canarias frente a la ausencia de ellas en la legislatura pasada para luchar contra la economía sumergida y el fraude, como la habilitación de un canal de denuncias tributarias para la ciudadanía a través de la Agencia Tributaria Canaria, así como las citaciones enviadas por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística a los propietarios de viviendas vacacionales para acreditar no estar incurriendo en prácticas ilegales. “Acciones de las que, por cierto, el gobierno anterior se desentendió, como todo aquello que conlleva algo de responsabilidad con el interés general”.

Lavandera advirtió sobre la importancia de poner en marcha medidas contra el fraude en el sector turístico sobre todo por el impacto que tiene en las arcas públicas,  ya que el turismo vacacional en economía sumergida “podría superar el 50% o incluso más”.

Además, recordó que la cada vez más importante cuota de mercado en las pernoctaciones en la modalidad del turismo vacacional y el desplazamiento de turistas de ofertas tradicionales como los apartamentos hacia las viviendas vacacionales, que posiblemente ahora se intensifique por causa del Covid-19.

Según el socialista, en Canarias existen 24.358 viviendas vacacionales, pasando de las 28.188 viviendas que se comercializaban en 2015 en las plataformas analizadas (sólo 1.862 con camas legalizadas), a un total de 32.832 en 2018 (18.440 legalizadas de un total de 139.607 camas publicadas).