Tras conocer la mala noticia, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, afirmó que “el sector no aguanta más” y solicitó al Estado “que apruebe de forma urgente un paquete de medidas que permitan rescatar a la hotelería de esta comunidad autónoma y detener esta sangría”. “Mucho me temo que la temporada de invierno acabe realmente en la basura”, añadió.

Marichal considera que ahora más que nunca tiene sentido empezar a hablar de un “verdadero rescate” al sector alojativo de las Islas, porque muy pocas empresas podrán recuperarse de estos continuos sobresaltos que está deparando esta crisis sanitaria. “Esta montaña rusa en la que estamos instalados hace meses acarrea numerosas pérdidas; este último anuncio de Reino Unido llevará aparejado también muchas cancelaciones, porque los británicos no querrán guardar cuarentena a su regreso a casa”, comenta el también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Además, considera que detrás de esta decisión de Reino Unido, principal país emisor de turistas al Archipiélago, “residen motivos de corte estratégico-políticos y no estrictamente sanitarios”. En este sentido, el presidente de Ashotel avanzó que los últimos datos del flujo de reservas hacia las Islas estaban siendo positivos, más aún tras el decreto aprobado ayer por el Gobierno de Canarias en el que se permiten los test de antígenos como Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) válida para el control sanitario de los visitantes extranjeros.

Asimismo, porque la salud está por encima de todo, Ashotel ruega al Gobierno de Canarias que “sea estricto” a la hora de hacer cumplir las restricciones en Canarias y que las endurezca si fuera necesario. “Nos desangramos poco a poco y sin salud nuestra economía y, por tanto, nuestra sociedad va a sufrir mucho en los próximos meses”, añadió Marichal.

Paquete de medidas urgentes

Son varias las propuestas que Ashotel considera necesarias para engrosar ese paquete de medidas urgentes que debe aprobar el Estado para con Canarias si no se quiere correr el riesgo de que desaparezca una parte importante del tejido productivo turístico, con la consecuente afección al empleo y a la actividad económica en su conjunto.

En primer lugar, un sistema de ayudas directas a las empresas para que remonten esta situación. Hay establecimientos que llevan cerrados desde el 26 de marzo sin ingresar un solo euro y pagando mensualmente una parte de la Seguridad Social. Esta situación es insostenible a medio plazo. Este sistema de ayudas directo debe estar basado en indicadores objetivos: facturación del año anterior, número de trabajadores...

En segundo lugar, la exoneración a los trabajadores que continúan en ERTE del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, al igual que un porcentaje de las cotizaciones de los que están trabajando. En un contexto de ingresos cero es imposible que las empresas tengan que seguir pagando por trabajadores que no están en situación de alta.

También se propone en tercer lugar la exoneración de impuestos locales (IBI, IAE y tasas) mientras continúe el sector alojativo en esta situación de parálisis total. Muy pocos son los ayuntamientos en Canarias que han adoptado medidas encaminadas a aliviar la presión fiscal a las empresas que pagan impuestos y tasas por servicios que no generan y actividad económica que no están realizando porque no pueden.

En cuarto lugar, Ashotel plantea la necesidad de hacer cumplir la Disposición Adicional 11 del Real Decreto Ley 27/2020 en el que se hace alusión a la condición ultraperiférica de Canarias. Según esta norma, “en atención a la lejanía e insularidad que confieren a Canarias su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, el Gobierno de España tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional”. Así, se hace necesario buscar el encaje en esta norma para justificar un paquete de medidas para Canarias en tanto no se recupere la situación turística.

Finalmente, en quinto lugar, se solicita la concesión de los aplazamientos de deudas tributarias durante un período de un año para todas aquellas empresas del sector alojativo que tengan expedientes abiertos de reclamación de deudas tributarias, nacionales o autonómicas, que no hayan podido retomar su actividad en un nivel equiparable a un porcentaje a determinar del ejercicio anterior.