');
Buscar
viernes, 29 de marzo de 2024 10:15h.

“El Gobierno de Canarias no tiene una política real de acceso a la vivienda en Tenerife”

El presidente accidental del Cabildo, Aurelio Abreu, y la directora insular de Vivienda, Marta Arocha, han afirmado en relación a la situación de desahucios en el barrio de Añaza de Santa Cruz de Tenerife que se trata de un “ejemplo más que demuestra que el Gobierno de Canarias no tiene una política real de acceso a la vivienda en Tenerife”, y que tampoco puede garantizar “un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna y adecuada para los ciudadanos”.

 

Aurelio Abreu-12_Fotor
El Área de Vivienda que dirige el presidente accidental del Cabildo ha atendido a 527 personas, paralizado 23 desahucios en lo que va de año y tramita ayudas económicas a 55 familias

El también consejero de Vivienda del Cabildo y presidente del Grupo Socialista en la Institución insular y la responsable de Vivienda critican la gestión que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico en materia de vivienda para toda la Isla, “que no es capaz de ofrecer alternativas de acceso a la vivienda para las personas que están sufriendo este problema”, y que tiene como consecuencia casos de desalojo y desahucio como el de la capital tinerfeña. Además, recuerdan que Canarias es la Comunidad Autónoma con menos viviendas destinadas a alquiler social.

“Lo que tenía que haber hecho el Gobierno de Canarias era haber adquirido viviendas públicas tal y como pretendía hacer la ex consejera socialista de Vivienda del Gobierno canario, Patricia Hernández, invirtiendo 10 millones de euros del FDCAN en una necesidad tan apremiante que dignifica la vida de las personas”, afirman.

“Cuando había recursos, el Gobierno de Canarias no los dedicó a vivienda social, lo dedicó a la iniciativa privada. Y en este momento son incapaces de ofrecer soluciones serias y coherentes no sólo con las familias en proceso de desahucio, sino a las que están en las listas de espera para acceder a una vivienda”, recalcan.

Abreu resalta el trabajo que se está realizando la directora insular de Vivienda del Cabildo en esta materia, y que ha supuesto la paralización de 23 desahucios en la Isla en lo que va de año, además de tramitar ayudas económicas a un total de 55 familias. 

En lo que va de año, el proyecto Base 25 liderado por el Área de Vivienda ha continuado con su gestión atendiendo a un total de 527 personas, de las cuales 336 son adultas y 191 menores. Asimismo, se han realizado procesos de acompañamiento a 26 familias, que se comenzaron a atender en 2017.

La mayor parte del perfil de las familias atendidas se encuentran principalmente en viviendas de régimen de alquiler, la mayoría en procesos judicializados de desahucios como consecuencia del impago de alquiler. El resto de las familias se encuentran en distintas situaciones, siendo también significativas las que están en ocupaciones ilegales de vivienda de banca.

Entre los perfiles atendidos, la atención se ha centrado de forma prioritaria en familias entendidas en el concepto amplio de la palabra, con un porcentaje mayor de mujeres por tratarse de familias monomarentales con edades comprendidas entre los 26 y 45 años.

Ayudas económicas a 55 familias

Desde el Área de Vivienda se está ayudando económicamente a 55 familias con una inversión de más de 75.000 euros. De ellas, 9 fueron para acceder a nueva vivienda porque tenían que abandonar la suya; 12 para abonar deudas (7 casos ya judicializados) y 35 se destinaron a familias sin ingresos o con ingresos muy limitados para evitar la judicialización de su vivienda.

Por su parte, 100 familias han sido asesoradas jurídicamente y se ha acompañado a familias en situación de edificios afectados por situaciones globales de lanzamiento. De hecho, este pasado verano se trabajó en la situación de tres edificios en el núcleo de San Isidro (Granadilla de Abona), como el edificio Oliver, Candil y Los Roques.

El vicepresidente del Cabildo y la directora insular de Vivienda también recuerdan que existen en la actualidad 151 casos abiertos con apoyo de alquiler en vivienda protegida o en búsqueda de vivienda protegida. “La gran dificultad con la que nos encontramos desde el Área de Vivienda es con el acceso a la vivienda en un mercado imposible para familias con bajos ingresos, que no está siendo regulado ni protegido por el Gobierno canario”, apuntan.