El pleno del Ayuntamiento de Arona seguirá, el próximo jueves 28 de mayo, la misma senda que han recorrido en los últimos meses múltiples instituciones, desde ayuntamientos como el de Zaragoza o Madrid, al propio Congreso de los Diputados: reclamar al Estado que flexibilice una regla de gasto que afecta a todos los municipios por igual o, al menos, que la adapte en función de la salud financiera de cada ayuntamiento.

La Ley Orgánica 12/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introdujo un mecanismo -denominado regla de gasto-  que prohíbe a los ayuntamientos españoles aumentar su gasto más allá de la previsión de crecimiento del conjunto de la economía española, aunque el de estos fuera muy superior. Esa situación hizo que, por ejemplo, el año pasado ningún ayuntamiento del país pudiera incrementar el gasto por encima del 2,10% de crecimiento del PIB de España, aunque, como en el caso de Arona, sus ingresos crecieran muy por encima de ese porcentaje.

Como resultado, municipios como Arona han ido acumulando un ahorro -también denominado remanente de tesorería- que asciende a 67,3 millones de euros, a pesar de multiplicar el gasto en inversiones y en servicios públicos –en 2018 las primeras superarán los 15 millones de euros y los servicios sociales se incrementan en un 4,6%- y de bajar este año los impuestos un 4%, el límite legal permitido. En el caso de Arona, el crecimiento económico es mucho más acelerado que el de los gastos que le permite el Estado.

Con un grado de ejecución del presupuesto de 2017 del 86,10%, la deuda viva del Ayuntamiento de Arona es de cero euros, después de que en 2016 el nuevo equipo de gobierno procediera a liquidar los préstamos pendientes del mandato anterior.

Sin embargo, y a pesar de esta evidente situación de buena salud financiera, el municipio tendrá que llevar al próximo pleno su decisión de incrementar las inversiones y el gasto en un 4,41%, porcentaje que entra sobradamente en la capacidad de un municipio que, a pesar de rebasar ese límite fijado por el Estado para todos los ayuntamientos por igual, registró un ahorro adicional de 24 millones de euros en 2017.

Por todo ello, el grupo de gobierno ha decidido llevar a pleno una moción institucional en la que se solicita “a las Administraciones competentes en materia de regulación financiera de las Administraciones Locales –básicamente el Gobierno central- para que procedan a flexibilizar la regla de gasto, de manera que se amplíe el margen de autonomía de las Administraciones Locales con salud financiera, como lo es el Ayuntamiento de Arona”.

El texto solicita que los municipios con buena situación económica puedan, “en desarrollo de sus competencias, dedicar estos recursos a la mejora de los recursos públicos, la adecuación de las infraestructuras de transporte, educativas, sanitarias, deportivas, de soporte para la prestación de servicios públicos, de vivienda, tecnológicas y de administración electrónica”.

Raquel García: “Es necesario modificar la regla de gasto”

A este respecto, la teniente de alcalde y concejala del área de Hacienda del Ayuntamiento de Arona, Raquel García, ha subrayado que “es fundamental cambiar una norma como esta, pensada en época de crisis y para instituciones altamente endeudas, para adaptarla a una situación actual de crecimiento y a entidades altamente saneadas, como lo es esta corporación”.

García ha agregado que “lo lógico es modificar la regla de gasto para esas entidades, de manera que el aumento del gasto de un ayuntamiento no esté ligado a la previsión de crecimiento del conjunto del país si ese municipio lo hace muy por encima. Es lo que ocurre, por ejemplo, este año, en el que el tope para todo el Estado está fijado en el 2,4%”. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona, Luis García, explica que “es evidente que la recuperación económica ha llegado a Arona con más fuerza que a otros municipios, por lo que los ingresos que se generan van a un ritmo muy superior al gasto que nos permite el Gobierno del Estado, lo que se traduce en un ahorro y un superávit anual que no tiene sentido y que no es posible reducir ni bajando los impuestos ni aumentando las inversiones, como hemos hecho, porque, cuando aumentas las inversiones dentro de tus posibilidades, entra en juego la regla de gasto, que te dice que tienes que tienes que seguir acumulando dinero sin un objetivo claro”.

“Esa situación –agrega- puede tener lógica para ayuntamientos en mala situación económica o con deuda, pero no para municipios que, como Arona, están más que saneados. Creemos desde el grupo de gobierno que el dinero público está para utilizarlo, de manera equilibrada y razonable, en mejorar la vida de la gente, pero carece de sentido que la ley nos obligue a una carrera de acumulación infinita de fondos sin una meta o razón”.