La gran duda es si ese pronunciamiento tiene lugar hoy, mañana, el lunes... incertidumbre que, en cualquier caso, contribuye a aumentar la intriga.

Tras el fracaso de la mediación realizada durante las últimas semanas por las ejecutivas insular y autonómica del partido para intentar apaciguar las aguas del gobierno socialista de Arona, la pelota de esa crisis está ya sobre el tejado de la ejecutiva federal del partido.

El 'Guardián de Ferraz' media en Arona

Esta semana llegó al Sur de la Isla el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial de la Ejecutiva Federal del PSOE, Santos Cerdán, para analizar lo que está ocurriendo y adoptar medidas. 

Cerdán es diputado nacional por Navarra y forma parte del núcleo duro socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ocupar el cuarto puesto de su ejecutiva; funciona como enlace entre Sánchez y el partido hasta el punto de ser conocido como ‘el guardián de Ferraz’. También es presidente de la Fundación Pablo Iglesias.

Su designación como mediador en la crisis de los socialistas de Arona es una muestra clara de lo importante que es para el partido intentar salvar la mayoría absoluta que ostenta, al menos de momento, en el tercer municipio de Tenerife en peso poblacional y económico, y en uno de los principales destinos turísticos del país.

Santos Cerdán ya se ha reunido con todo el equipo de gobierno aronero (incluido Luis García, el edil destituido por el alcalde José Julián Mena). En esos encuentros participaron también representantes de la ejecutiva insular y autonómica del partido (Josefa Mesa y Jorge González, respectivamente).

Descosidos y rotos del gobierno aronero

Pero arreglar los descosidos de ese gobierno lleno de rotos, no es nada sencillo. Y menos en el actual escenario de cruce de acusaciones sobre posibles corruptelas, pelotazos urbanísticos y mordidas que apuntan hacia gobernantes, asesores y técnicos municipales; de entrega de pruebas en Fiscalía; de difusión periodística de escándalos varios y de amenazas de querellas a medios y periodistas.

Un escenario, además, caracterizado por el frenazo económico, turístico y laboral generado por la Covid, por un ayuntamiento bloqueado a cuenta de las riñas entre gobernantes y por una ciudadanía y un empresariado castigados por un ayuntamiento prácticamente inoperativo. Y como aderezo surrealista, un alcalde que ha vaciado de competencias a la Junta de Gobierno Local para asumirlas en primera persona alegando de boquilla que se trata de una medida relacionada con un estado de alarma inexistente desde hace semanas (de boquilla porque en la resolución que le asigna rango de alcalde absoluto no se motiva la decisión).

En medio de todo ello, un PSOE que se arriesga a ser salpicado por esos escándalos (tanto a nivel insular y autonómico como estatal) si no anda fino con la decisión que adopte para afrontar los problemas que sacuden al gobierno aronero en el Ayuntamiento, en la calle, en los medios de comunicación y en Fiscalía. 

Y al lado, como si la cosa no fuera con ellos, una oposición callada públicamente pero activa a discreción por si las revueltas aguas socialistas,  reporta ganancias políticas a uno o varios grupos.

El pleno aronero está integrado por el grupo socialista (que ha pasado de 14 a 13 concejales tras la decisión del alcalde de destituir al que había sido su edil de Urbanismo justo después de que trascendiera que había acudido a Fiscalía) y, en la oposición, por CC (4 ediles), PP (3), CxA (2), Cs (1) y Sí Podemos (1).

Dos facciones y media

El gobierno está dividido en dos facciones y media: por un lado la del alcalde y tres ediles claramente alineados con él (una de ellos es independiente, no afiliada al PSOE). Por otro, 6 ediles alineados con el concejal destituido. Y en medio tres ediles que, en principio, están del lado del alcalde pero que no terminan de tomar partido claro por ninguna facción.

Además, forman parte de ese puzzle al menos tres abogados: el imputado/acusado asesor del alcalde Nicolás Jorge (cargo de confianza de Mena junto con su esposa), el abogado Felipe Campos (cuyo vínculo político o laboral con el alcalde no termina de estar claro) y como asesor externo José Corsino.