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jueves, 28 de marzo de 2024 19:09h.

EL ORGULLO DE QUIENES NO PUEDEN EDIFICAR ES DESTRUIR

El título del artículo es una frase de Alejandro Dumas, magnífico escritor francés, que refleja la importancia de construir en todos los ámbitos de la vida. Porque la construcción da respuesta a las demandas personales primarias, para vivir con la dignidad exigible y requerida. Así, la vivienda es una necesidad preferente, un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Este artículo 47 es conciso, claro, exigente. El gasto público en vivienda es esencial y debe ser incrementado. La alimentación y la vivienda satisfacen las necesidades básicas de cualquier persona, por eso hay que remover todos los obstáculos que dificultan su disfrute. Hay una relación intrínseca, entre la vivienda y el desarrollo de un proyecto personal y familiar con la máxima dignidad humana. Por eso, el carácter prioritario que el Gobierno tiene que dar a la vivienda es improrrogable, actuando decididamente para aportar mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado. Se requieren medidas que contribuyan a crear un mercado de compra venta y alquiler eficiente, además de ágil.

La demanda general y las necesidades individuales precisan reactivar la producción de vivienda en Canarias, especialmente en zonas determinadas, donde existe una evidente emergencia habitacional, en el caso de Tenerife, la Zona Sur y la Metropolitana. Por eso, es determinante una reducción en los costes de producción de la vivienda.

En este sentido, juega un papel relevante la mejora de los procedimientos administrativos, armonizar la normativa urbanística y agilizar los plazos para la obtención de licencias. En la actualidad, lo referente a materia de planificación y gestión de suelo, junto a los trámites burocráticos y los tiempos para conseguir una licencia son inasumibles para el sector privado. Hay que implementar aquellas medidas correctoras que faciliten una seguridad jurídica suficiente al mercado.

No cabe duda de que se deben ampliar los parques públicos de vivienda y mediante estímulos fiscales y ayudas directas, facilitar la existencia de un mercado de alquiler asequible para la mayoría de la población.

Además, se precisa adoptar una política integral en materia de reforma, acometiendo las rehabilitaciones necesarias, a fin de conseguir que el parque edificatorio cumpla con los objetivos de cambio climático, accesibilidad y eficiencia energética, con perspectivas de mantenimiento y conservación, que significa mayor seguridad e incremento del valor patrimonial de la propiedad. 

La construcción de viviendas es uno de los parámetros que señalan la calidad de vida en un territorio determinado, porque trae consigo mucho bienestar social. Desde el punto de vista económico, es un sector productivo importante para la economía, porque representa un porcentaje valioso del Producto Interior Bruto, compuesto principalmente por la contribución de la construcción, los servicios inmobiliarios, de alquiler de bienes muebles e intangibles y de los servicios financieros y de seguros, que concentran casi la totalidad de dicho PIB y porque impacta directamente en más de 40 actividades productivas.

No podemos olvidar lo que significa para la vida, la actividad empresarial y la interacción social, contar con eficientes, modernos y sostenibles espacios públicos que habilitan un entorno habitacional favorable, donde se desarrollan los procesos productivos y sociales armónicamente. Hay mucho por hacer, demasiado por empezar y ganas de aportar. 

 

Oscar Izquierdo

Presidente de FEPECO