Pero, como explica la consejera insular María José Belda, “el gobierno insular de CC-PSOE no quería apoyar esa propuesta ni tampoco retratarse públicamente votando en contra de la misma, así que usó su mayoría para adulterar la moción de Podemos y sustituir la rotunda declaración simbólica de persona non grata por una simple reprobación institucional”.

“Aunque al menos logramos que el pleno del Cabildo de Tenerife se solidarizara con la plantilla que está sufriendo los abusos laborales que está protagonizando este empresario incluso en servicios dependientes de esta administración”, como remarca Belda, “es realmente lamentable el cambalache plenario que orquestaron CC y PSOE para que ni siquiera llegara a votarse la propuesta de Podemos de declarar a Ramírez persona non grata”.

Detalla que CC y PSOE usaron una argucia recogida en el Reglamento Orgánico del Cabildo para “adulterar” la moción de Podemos “imponiendo una enmienda a nuestra propuesta de acuerdo y aplicando su mayoría para que solo se pudiera someter a votación su versión adulterada del pronunciamiento plenario contra Ramírez”. O sea, resume, “se debatió una moción presentada en tiempo y forma por el grupo Podemos, pero se votó la propuesta de acuerdo que a CC y PSOE les vino en gana”.

En cuanto al motivo de ese “extraño cambalache”, señala que el Gobierno insular rechazó la declaración de non grato asegurando que Ramírez podía recurrirla. “Una excusa absurda y que saca a la luz las contradicciones de Coalición Canaria y del PSC-PSOE, ya que en otros ayuntamientos de la Isla se ha declarado a este empresario persona non grata sin tanto miramiento y, además, con el voto a favor de esas dos formaciones”.

Belda también alega que las excusas de CC para evitar esa votación plenaria de persona non grata “son absurdas”, pues el requisito fundamental para que no pueda ser anulada por un recurso del interesado es que esté suficientemente motivada. En el caso de Ramírez, añade, “hay motivación de sobra”, entre otras cosas, porque son fácilmente demostrables sus impagos y despidos improcedentes a personas que han trabajado en sus empresas, el pago de salarios menores de lo estipulado por convenio estatal y, aparte de condenas hasta de cárcel que han prescrito antes de aplicarse e incluso de un indulto del Gobierno de Rajoy anulado por el Tribunal Supremo, una de sus empresas está pagando a la plantilla que presta el servicio de vigilancia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria salarios bajos en base a un convenio propio aunque a ese organismo dependiente del Cabildo le está cobrando como si aplicara los salarios que marca el convenio estatal del sector (mucho más elevados que los que está abonando).

“Lamentable que a los grupos de la oposición solo nos permitan presentar dos mociones por pleno y que, encima, una no llegue ni siquiera a votarse en los términos que planteamos porque a CC y PSOE no les conviene”.

Por último, critica también que el presidente hiciera la excepción de leer después de la votación el acuerdo adoptado a su capricho “como explicaron, para que el acuerdo constara en el vídeo plenario que CC quiere difundir en redes y enviar a representantes sindicales, trabajadoras y trabajadores afectados por las prácticas empresariales de Ramírez, algo que sería más que aceptable si no fuera porque Carlos Alonso suele rechazar leer los acuerdos adoptados a propuesta de los grupos de la oposición porque, según él, se exponen al principio y durante el debate”. “Al final, como de costumbre, su principal preocupación es invisibilizar el trabajo y propuestas de la oposición y actuar de cara a la galería centrando todos sus esfuerzos en la propaganda, no en adoptar medidas y acuerdos comprometidos y valientes que de verdad mejoren la calidad de vida de nuestra ciudadanía y actúen de forma decidida contra las injusticias”.