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viernes, 29 de marzo de 2024 00:49h.

Podemos exige la aplicación de cláusulas sociales en pliegos como el del servicio de vigilancia de Museos

A pesar de que el Cabildo de Tenerife ha aprobado en pleno la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales en todas las contrataciones y subcontrataciones de personal que realice esta administración para asegurar una política laboral ética y responsable, el grupo insular de Podemos critica que estos criterios siguen estando ausentes en pliegos de adjudicación de servicios públicos del Cabildo y de sus organismos públicos y exige su aplicación.

 

Julio Concepcion Podemos
Concepción critica que los criterios de contratación responsable aprobados en pleno insular “sigan estando ausentes en las licitaciones” del Cabildo

Como ejemplo de esta omisión, el consejero insular Julio Concepción cita el pliego de condiciones que rige el procedimiento de contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los museos adscritos al Cabildo, el cual se encuentra en la actualidad en fase de licitación. “Este pliego omite las cláusulas de responsabilidad empresarial que, supuestamente, deben regir todas las contrataciones de personal vinculadas a esta institución para garantizar condiciones de trabajo dignas y para premiar a las empresas que garanticen condiciones de trabajo ejemplares a su plantilla, medida con la que se persigue luchar contra la precarización laboral tanto en el sector público como en el privado”.

Añade que durante el consejo de administración de Museos en el que se abordó este asunto, la consejera responsable, Amaya Conde, “respondió que como las cláusulas sociales ya han sido aprobadas, aunque no se haga ninguna mención a las mismas, se da por hecho que son de obligado cumplimiento tanto para el Cabildo como para las empresas que prestan servicios a esta institución”. Sin embargo, apostilla, “todas las consultas que he hecho después de aquel consejo coinciden en que si en los pliegos que rigen los procedimientos de contratación de la administración insular no hay ninguna mención a esas cláusulas sociales, su cumplimiento depende exclusivamente de la buena voluntad de las empresas adjudicatarias”.

Concepción recuerda que estas cláusulas o criterios de contratación responsable   protagonizaron una de las primeras mociones que defendió el grupo insular de Podemos al llegar a esta institución tras las elecciones de 2015. “Para nuestra sorpresa, la primera reacción del grupo de gobierno de CC-PSOE fue sacar un comunicado de prensa en el que intentaba ridiculizar a nuestra formación asegurando que proponíamos cosas que ya habían sido aprobadas en mandatos anteriores”. “Como hicimos constar durante el pleno en el que se debatió y aprobó parcialmente nuestra propuesta, resultaba llamativo entonces igual que ahora que en los pliegos de los procedimientos de contratación pública del Cabildo no se incluyan estas medidas de responsabilidad empresarial institucional ni se asigne puntuación por su cumplimiento a las empresas que concurren a los concursos públicos”. 

Finalmente, agrega, durante aquel pleno se adoptó el compromiso de constituir una comisión técnica interdepartamental para la aplicación práctica de estas cláusulas que luchan contra la precariedad laboral. Concreta que esas medidas premian a las empresas que ofertan más personal y sueldos más elevados, a las que contratan personas con discapacidad, a las que fomentan la conciliación familiar y, entre otras cosas, a las que adquieren productos de comercio justo, de producción local y de agricultura o ganadería ecológica o garantizan un consumo energético responsable.

“Nos volvimos a sorprender nuevamente cuando un año después de aquel pleno, el presidente insular Carlos Alonso anunció a bombo y plantillo que el Cabildo iba a implantar criterios de contratación ética y responsable en todos sus procedimientos de licitación, algo que supuestamente se estaba aplicando ya”. El caso, concluye, es que pasado el ecuador del mandato, “más allá del bombo y platillo propagandístico de CC-PSOE, estos criterios de contratación responsable siguen siendo omitidos en detrimento de las condiciones laborales de la clase trabajadora y en beneficio de las ganancias de las empresas adjudicatarias de servicios públicos del Cabildo”.