Ejemplo claro de ello, dijo está en las “nefastas consecuencias” que tuvo el cierre presupuestario decretado por la Consejería de Hacienda en agosto de 2016, “consecuencias en la gestión presupuestaria del Servicio Canario de la Salud que llevaron al absurdo de incrementar las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a la vez que se redujeron las obligaciones reconocidas”.

Precisó que, “hablando en plata, aumentan las facturas sin reconocer y se disminuye el presupuesto utilizado, porque los pacientes no pueden ni deben dejar de ser atendidos y el único resultado efectivo de la Consejería de Hacienda, además de obligar a suspender actuaciones para la reducción de las listas de espera, fue aumentar el periodo medio de pago y el consecuente perjuicio para el propio Gobierno y los proveedores, a pesar de contar con una liquidez de 1.133 millones de euros”.

El parlamentario socialista sostuvo que “esa soberbia, esa errónea y mala decisión de Coalición Canaria y, especialmente, de la consejera de Hacienda, de ejecutar el cierre presupuestario, fue lo que provocó la no contabilización de unos gastos que se iban a producir sí o sí, salvo que se pretendiese cerrar hospitales o dejar de recetar medicamentos”.

Lavandera indicó que del informe se desprende la insuficiencia del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas para sufragar las competencias transferidas por el Estado en materia de sanidad, educación y servicios sociales, que la Audiencia de Cuentas de Canarias cifra, provisionalmente para 2016, en 609,8 millones de euros.

“La Comunidad Autónoma aporta estos recursos en detrimento de otros servicios, por lo que insistimos en la necesidad de actualizar el sistema de financiación, cuya entrada en vigor debía haberse producido en 2014”, señaló. Apostó por continuar intentándolo en lo que resta de legislatura estatal o por establecer las bases de esa reforma pendiente, tal y como ha anunciado el Gobierno de España.

El diputado del PSOE también defendió que se realicen las modificaciones normativas oportunas para que el superávit del Gobierno de Canarias pueda ser destinado a la financiación de los servicios públicos fundamentales, más allá de los supuestos que dejó previstos el Partido Popular en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El Grupo Socialista, por otra parte, insta a presentar un informe por escrito a la Cámara que motive el aumento en un 3.722 por ciento las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de la Agencia Tributaria Canaria, “algo inaudito” según Lavandera, y otro que motive la obligación al pago de 7,3 millones de euros por la ejecución de un aval directo concedido a Proyecto Monumental Montaña de Tindaya. “Se ha acreditado que la concesión minera carece de valor”, recordó, y pidió también que se cuantifique el total de los gastos incurridos desde su inicio hasta la fecha de hoy en este proyecto.