Durante muchísimos años los agricultores vienen demandando precios justos de los productos. Y con toda la razón, porque no parece lógico que un pequeño agricultor tenga unos gastos de producción de 0,50 euros para un kilo de papas que luego tiene que malvender a 0,40 mientras que en los supermercados se vende a 1,20 euros el kilo. 

Por ese motivo, el Gobierno acaba de legislar que no se pueda vender a perdida, es decir, por debajo del coste de producción. Además existe la obligación de que cada operador debe abonar al anterior de esta cadena un precio igual o superior al coste de producción del producto, asegurando que el agricultor no pierda dinero al verse presionado por las grandes distribuidoras.

Esta reivindicación no es nada nuevo, yo soy hija de agricultores y toda mi vida conviví con este desasosiego. Las familias que se dedican a la agricultura trabajan de sol a sol y no conocen ni los días de fiesta, están continuamente expuestos a los efectos de las plagas, sequías, vientos, fenómenos de calima, etc. Fenómenos meteorológicos que pueden llevarse en pocos minutos el trabajo de toda una zafra.

Pues si no es suficiente toda esta incertidumbre, frecuentemente se da el caso de que los precios de mercado de sus productos estén por debajo de los de producción. Una buena cosecha ya no asegura ganancias. Trabajar en el campo no solo puede ser fatigoso y poco rentable, sino que puede costarte dinero. Y esto no es un problema solo del sector primario sino de toda la sociedad. Tenemos que comer y deberíamos querer productos de calidad, por tanto, no podemos abandonar a nuestros agricultores y ganaderos.

Desde el sector se piden precios en origen justos. Piden que se equilibre la cadena agroalimentaria y lo llevan pidiendo muchos años. El gobierno ante esta situación ha demostrado que da la cara para resolver los problemas, a diferencia del anterior gobierno del PP, este gobierno sí es un gobierno de diálogo y acción que da respuesta a las reivindicaciones.

Otra de las medidas es la de prohibir las promociones comerciales de carácter engañoso ya que pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.

Pero estas no son las únicas medidas, los trabajadores del sector agrícola sufren de una gran precariedad en cuanto a la estabilidad en el empleo, por lo que se pondrán en marcha medidas para fomentar la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos.

Tengamos presente que la agricultura y la ganadería dan la posibilidad de  asentar población a las zonas rurales, por eso también hay que facilitar que los jóvenes que quieran dedicarse a esta actividad lo puedan hacer. Así, otra de las medidas que incluye el gobierno es la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas para mejorar el actual tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agroganadera y garantizando el relevo generacional.

En definitiva, estas medidas van a revitalizar el sector agroganadero ofreciendo un futuro a las personas que nos dan de comer.

 

OLIVIA DELGADO OVAL

Senadora por Tenerife

Presidenta de la Comisión de Juventud

Portavoz de Transformación Digital